El crecimiento de complejos inmobiliarios irregulares en la Ruta de los Cenotes provocó la clausura de 10 proyectos durante el 2026 en Puerto Morelos, tras detectarse desmontes ilegales de selva y edificaciones que operaban sin cumplir la normatividad ambiental en una de las zonas ecológicas más frágiles del Caribe Mexicano, señalaron las autoridades.
Las labores de supervisión fueron reforzadas por autoridades municipales luego de identificar obras sin estudios de impacto ambiental ni permisos para el cambio de uso de suelo. Según la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, gran parte de las construcciones intervenidas inició actividades sin las autorizaciones emitidas por las instancias correspondientes.
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El titular de la dependencia, Sergio Chalé Gómez, informó que actualmente existen cerca de 30 desarrollos detectados en la Ruta de los Cenotes; sin embargo, sólo ocho acudieron al municipio para iniciar procesos de regularización conforme a las disposiciones ambientales y urbanísticas vigentes.
Las autoridades señalaron que el objetivo es que los responsables presenten la documentación necesaria para evaluar cada proyecto con base en la legislación aplicable, debido a que el crecimiento urbano en la zona mantiene una presión constante sobre la selva y sistemas hidrológicos subterráneos.
La vigilancia ecológica se intensificó tras la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, aprobada en marzo de este año, la cual endureció los lineamientos para nuevas edificaciones en áreas consideradas ambientalmente sensibles.
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Con las modificaciones al programa, ningún complejo podrá obtener licencia de construcción sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental emitida por autoridades federales y estatales. Bajo este esquema, las empresas deberán tramitar primero los permisos ecológicos antes de solicitar licencias municipales de obra.
Entre las nuevas restricciones también se fijaron límites de densidad para la Ruta de los Cenotes, donde solo se permitirá un máximo de cuatro viviendas por hectárea. La medida busca frenar el crecimiento urbano desordenado y reducir el impacto sobre la selva y los mantos acuíferos de la región.
