Activistas ambientales en Cozumel denunciaron un presunto intento de apertura de un camino en una zona de manglar, situación que estaría relacionada con el desarrollo de un complejo turístico promovido por la empresa Royal Caribbean. El hecho ha generado preocupación debido al posible impacto sobre un ecosistema protegido por la legislación ambiental mexicana.
De acuerdo con integrantes del colectivo ciudadano No a la Privatización de las Playas, en días recientes se detectó la presencia de personal realizando labores de topografía en áreas cercanas al sitio donde se construye el denominado Royal Beach Club. Según los denunciantes, estas acciones podrían representar el paso previo para habilitar un acceso terrestre dentro de una región cubierta por vegetación de manglar.
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“Nos preocupa porque el manglar no solo es un ecosistema protegido, también es una barrera natural contra huracanes y un hábitat clave para muchas especies. Cualquier intervención puede generar daños irreversibles”, señaló María González, integrante de una agrupación ambiental local.
El señalamiento reactivó la discusión sobre los límites del crecimiento turístico en la isla, particularmente en iniciativas de gran escala. El club de playa, anunciado desde el 2024, contempla una inversión cercana a los 75 millones de dólares y la construcción de instalaciones para recibir hasta 4 mil visitantes al día, incluyendo albercas, restaurantes y áreas recreativas.
Defensores del medio ambiente advirtieron que la eventual apertura de accesos o modificación del terreno podría implicar la remoción o fragmentación del humedal, una actividad regulada por disposiciones federales debido a su relevancia ecológica. Además, subrayaron que estos entornos cumplen funciones esenciales como la protección costera, filtración de contaminantes y preservación de la biodiversidad.
“Si no hay permisos claros o se realizan trabajos fuera de lo autorizado, se estaría cometiendo una irregularidad grave. Por eso es importante que las autoridades investiguen y aclaren la situación”, comentó Lupita Martin, activista local.
Organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a la población para documentar cualquier actividad en el área y aportar evidencias que permitan sustentar posibles denuncias ante instancias competentes en materia ambiental. Esta movilización se suma a otras expresiones de inconformidad que han surgido en torno a la iniciativa.
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El complejo turístico ha sido objeto de controversia desde su anuncio debido a inquietudes relacionadas con el acceso a playas públicas, afectaciones al entorno natural y distribución de beneficios económicos. En este contexto, habitantes han cuestionado si este tipo de inversiones realmente genera ventajas equitativas para la comunidad local.
“Estamos a favor del desarrollo, pero no a costa del medio ambiente ni del acceso público. Se debe encontrar un equilibrio, porque estas iniciativas también cambian la dinámica social de la isla”, expresó Miguel Gómez, residente de Cozumel.
