El malestar social derivado de la expansión turística en Mahahual ha comenzado a resonar en Cozumel, donde habitantes y organizaciones civiles han solicitado una revisión exhaustiva de proyectos vigentes y propuestos en la isla, ante la preocupación de que puedan generar impactos ambientales similares, especialmente en ecosistemas marinos.
Este posicionamiento surge en el contexto de protestas a nivel nacional contra desarrollos promovidos por la empresa Royal Caribbean, lo que ha llevado a la población local a cuestionar la viabilidad y las consecuencias de iniciativas como el proyecto “Royal Beach Club”, actualmente en evaluación ambiental.
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De acuerdo con información pública, la propuesta fue ingresada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 20 de noviembre del 2025. Contempla la construcción de infraestructura recreativa en 17.42 hectáreas en la zona de Playa Mía, con capacidad para recibir hasta 4 mil visitantes diarios. Incluye piscinas, restaurantes, accesos a la playa y servicios sanitarios, sin hospedaje nocturno.
Habitantes consultados señalaron que, aunque el turismo representa una actividad fundamental para la economía local, es indispensable mantener un equilibrio con la conservación ambiental. En este sentido, Concepción Rodríguez, residente de la isla, indicó de manera indirecta que no se oponen al turismo, pero sí buscan conocer el impacto real del proyecto y si su implementación resulta sostenible.
Entre las principales inquietudes destacan posibles daños a los arrecifes, mayor presión sobre la infraestructura urbana y el riesgo de saturación turística en zonas que ya muestran signos de estrés ecológico.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace México y CIMAC han solicitado a la Semarnat rechazar la autorización del proyecto, argumentando que la Manifestación de Impacto Ambiental reconoce efectos potencialmente permanentes e irreversibles, además de riesgos de sedimentación y contaminación en áreas arrecifales.
Una representante de CIMAC en Cozumel señaló, de forma indirecta, que los arrecifes constituyen un recurso esencial tanto ecológica como económicamente, por lo que cualquier intervención debe ser evaluada con el mayor rigor técnico.
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Otro punto de debate es el acceso a las playas públicas, ya que diversos sectores advierten que estos desarrollos podrían restringir el libre acceso a la costa al priorizar espacios destinados al turismo de cruceros.
Actualmente, el proyecto continúa en fase de evaluación por parte de la autoridad ambiental federal, que deberá determinar su viabilidad con base en criterios técnicos y normativos.
Mientras tanto, el debate entre desarrollo económico y conservación ambiental permanece abierto, con una creciente exigencia ciudadana de transparencia, participación social y análisis riguroso antes de aprobar proyectos de alto impacto.
