Bajo total impunidad con maquinaria pesada talaron la selva para seis desarrollos inmobiliarios en el complejo turístico de PlayaCar fase II de esta ciudad de Playa del Carmen, aunque en el 2025 las autoridades de la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa) clausuraron la obra al carecer de permisos, sin embargo, mañosamente retiraron los sellos y reiniciaron los trabajos, denunció la asociación civil Dmas.
El activista Marco Menéndez, relató que pese a la tala indiscriminada que están realizando, las autoridades brillan por su ausencia, ni siquiera Medio Ambiente del Ayuntamiento de Playa del Carmen ha intervenido, al parecer les han llegaron al precio para callar.
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Javier Torres, vecino de la zona, dijo que son seis desarrollos condominales en la zona de Playacar donde están desmontando la vegetación de forma simultánea por varios propietarios y sin autorizaciones de impacto ambiental.
El riesgo es inminente para fauna silvestre que se ha visto desplazado al talar su hábitat, esto es un atentado ecológico, no solo ponen en riesgo a la flora y fauna, sino a la propia humanidad al cambiar moles de cemento por la vegetación.
Cabe recordar que la asociación civil Dmas presentaron las denuncias oportunas en el 2025 ante la Profepa, y otras dependencias de gobierno como Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Playa del Carmen, aunque las obras fueron detenidas luego de la clausura, de nuevo han reiniciado.
En el 2025 Dmas A. C, presentó denuncias contra Legacy Awa ante la Profepa, en ese entonces Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Playa del Carmen intervino, el 2 junio de 2025, la subdelegación de inspección de Profepa emitió Aviso de Atención de denuncia, informando que el 29 mayo 2025 realizaron una inspección en el lugar bajo el acta de inspección número PFPA/29.2/3S.2/0019-2025.
Los inspectores observaron una remoción forestal de 14 mil 292 metros cuadrados, al momento de la diligencia los responsables del proyecto no acreditaron contar con la autorización de ni cambio de uso de suelo en terrenos.
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En ese contexto, el activista Marco Menéndez, lamentó lo que está pasando con estos crímenes ecológicos, y dijo, hacemos un llamado a las autoridades de la Profepa aplicar la ley.
Según el Código Penal Federal en su artículo 418, señala que se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de 100 a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que sin contar con la autorización previa de la autoridad competente, desmonte o destruya la vegetación forestal, corte, arranque, derribe o tale algunos árboles, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización expedida por la autoridad competente.
