Al menos 12 bares han sido intervenidos durante el 2026 por la Fiscalía General del Estado (FGE), ante indicios de narcomenudeo y trata de personas; sin embargo, los cateos y aseguramientos no han impedido que algunos establecimientos reanuden sus actividades semanas después.
Las investigaciones también arrojaron que en varios de estos negocios presuntamente se utilizaba a las meseras para ofrecer servicios sexuales, motivo por el cual se encuentran en curso procesos penales por el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena. Sin embargo, varios de los bares investigados vuelven a funcionar después de los cateos y las intervenciones ministeriales.
El 19 de septiembre pasado, elementos de la Fiscalía catearon el restaurante y coctelería denominado “La Pasadita”, que funcionaba como bar en la calle Chaca, a unos pasos de la avenida Tulum y de la Terminal de Autobuses ADO; sin embargo, semanas después, el establecimiento reanudó sus actividades.
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En el lugar, los agentes también encontraron una porción de droga, preservativos, cuadernos con anotaciones, un reloj inteligente y prendas de vestir, aunque no se reportaron detenciones.
Por su parte, “El Status” retiró los sellos de clausura y reanudó sus actividades, mientras que “Beach Please”, aunque permanece asegurado por la FGE, registra movimientos de trabajadores y labores de limpieza en su interior. Ambos establecimientos fueron intervenidos de manera simultánea durante la madrugada del 7 de agosto, cuando las autoridades detectaron presuntas actividades de narcomenudeo. Durante los operativos se reportó la detención de una persona.
Comerciantes de la zona acusan que algunos negocios pagan a las autoridades para reabrir, una denuncia que pone bajo escrutinio el seguimiento institucional a los establecimientos investigados por explotación sexual.
Sellos colocados, pero con movimiento en el interior
Uno de los casos recientes es el bar conocido como “La Pasadita”. Autoridades ministeriales, con apoyo de fuerzas federales y municipales, catearon el establecimiento y localizaron a seis mujeres, cinco mexicanas y una guatemalteca, consideradas posibles víctimas de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena.
De acuerdo con las primeras investigaciones, las mujeres realizaban actividades conocidas como “fichar” y ofrecían servicios sexuales. Por cada copa que les consumían recibían entre 50 y 150 pesos, mientras que los servicios sexuales tenían precios de 500 a mil 500 pesos. De estos últimos ingresos, presuntamente debían entregar la mitad al encargado del establecimiento. El inmueble quedó asegurado y las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la FGE para rendir su declaración.
Sin embargo, comerciantes de los alrededores aseguraron que el establecimiento volvió a funcionar durante la última semana de octubre, aproximadamente un mes después del operativo.
“Abrieron hace poco, es normal por esta zona, no es el único que han cerrado y luego abre otra vez, aunque la verdad a nosotros no nos perjudica”, comentó un locatario.
Otros comerciantes reconocieron que en algunos establecimientos de ese corredor existe actividad relacionada con la prostitución, aunque aseguraron que no necesariamente representa un riesgo directo para quienes trabajan en los alrededores.
“No es inseguro, sí sabemos que hay prostitución, pero nadie se mete con nosotros”, coincidieron vendedores consultados.
En ese mismo corredor se encuentra el bar “Las Palomas”, establecimiento que, de acuerdo con los antecedentes referidos por locatarios, ha sido objeto de intervenciones por presuntos delitos relacionados con trata y prostitución, particularmente durante el 2025.
Uno de los entrevistados acusó que algunos establecimientos consiguen reabrir después de ser intervenidos y que su actividad afecta a los negocios cercanos.
“Es que les pagan a las autoridades, por eso abren y a nosotros como comerciantes sí nos ha afectado, sobre todo por las noches, porque llega mucha gente y en ocasiones asaltan para seguir consumiendo”, aseguró.
Aunque se solicitó la postura oficial, hasta el cierre de esta edición no se había dado a conocer algún pronunciamiento.
Una situación similar se observa en uno de los corredores comerciales del Parque de las Palapas, frente al Ayuntamiento de Benito Juárez. En ese lugar, el establecimiento identificado como “El Status” habría retirado los sellos de clausura y reanudado actividades.
En contraste, otro negocio cercano, identificado como “Beach Please”, todavía conserva los sellos de aseguramiento de la Fiscalía, aunque vecinos y locatarios aseguran que han observado movimiento de trabajadores y labores de limpieza en el interior.
“Todavía permanecen los sellos, pero sí hemos observado movimientos en el interior y trabajos de limpieza a través de los pasillos”, comentó uno de los comerciantes.
En el exterior del inmueble se encuentra un aviso de la FGE fechado el 7 de agosto de 2026, correspondiente al expediente N-87/2026, folio G-0748, en el que aparece marcada la condición de asegurado y se hace referencia a una orden de cateo.
La presencia de trabajadores o las labores de limpieza no acreditan por sí mismas una reapertura ilegal; sin embargo, hacen necesario que la Fiscalía precise el estado jurídico del establecimiento y las condiciones bajo las cuales puede ingresar personal a un inmueble asegurado.
No siempre representan el cierre definitivo
Uno de los casos más conocidos es el bar “El Dicho”, ubicado en la Región 234, donde se han realizado diversos operativos relacionados con investigaciones por trata de personas. El inmueble ha sido cateado al menos en 10 ocasiones en los últimos tres años, en medio de denuncias vecinales por presuntas actividades ilícitas.
Pese a las intervenciones, el establecimiento ha vuelto a funcionar en distintos momentos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas aplicadas y el seguimiento de las investigaciones.
Otro caso similar es el establecimiento conocido como “Las Muñecas de Chucky”, anteriormente llamado “La Palapa de Chucky”, ubicado en la Región 230. En ese lugar se resguardaron a varias mujeres, además de que el negocio ha sido escenario de hechos violentos y denuncias por presuntos cobros de derecho de piso.
Operativos del 2026
Los operativos registrados durante el 2026 muestran que las intervenciones se extendieron por distintas zonas de Cancún.
El 20 de enero, autoridades realizaron un cateo en un bar de la avenida Bonampak, donde fueron resguardadas cinco mujeres, cuatro mexicanas y una guatemalteca y se logró la detención de dos personas. También durante ese mes, fuerzas federales y estatales detuvieron al encargado de un bar botanero y pusieron bajo resguardo a seis mujeres.
Otro bar, localizado en la avenida conocida como Rancho Viejo, en la Supermanzana 244, fue cateado por elementos de la Fiscalía el 3 de marzo pasado. En el lugar localizaron a seis mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas y a un adolescente que presuntamente sufría explotación laboral.
En otro caso, el 26 de marzo pasado, las autoridades estatales dieron a conocer el rescate de tres mujeres que al parecer, eran prostituidas en un bar clandestino que operaba en la Supermanzana 234, donde una persona fue detenida acusada de los delitos de narcomenudeo y trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.
En mayo, dos cateos simultáneos en las Supermanzanas 32 y 523 permitieron localizar a ocho mujeres, siete mexicanas y una estadounidense, quienes presuntamente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales para saldar deudas. Ese mismo mes, en la zona continental de Isla Mujeres, las autoridades resguardaron a 11 mujeres mexicanas en un bar que presuntamente operaba bajo la fachada de ofrecerles empleo como meseras.
El 6 de octubre, la Fiscalía informó sobre dos nuevas órdenes de cateo en Benito Juárez, que permitieron resguardar a dos mujeres mexicanas en inmuebles de la Supermanzana 23 y Villas del Caribe, Supermanzana 520.
En el primero de esos domicilios, las autoridades aseguraron indicios con características similares a la marihuana, una pipa y preservativos, entre otros objetos. En el segundo encontraron hierba seca, residuos de polvo blanco y paquetes de preservativos. Ambos inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía.
La semana pasada, agentes de la FGE realizaron un cateo en el bar Cantaritos, ubicado en la Plaza de Toros de Cancún, sobre la avenida Bonampak con Sayil, donde localizaron varias dosis de droga, presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.
En este establecimiento fueron detenidos dos empleados: Geyser Aldair “N” y José Dolores “N”, como probables responsables de delitos contra la salud, por la posesión de dosis de presunta cocaína, posible marihuana y lo que parecía cristal.
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La dimensión del delito también se refleja en cifras nacionales.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre del 2026 se iniciaron 450 carpetas de investigación por trata de personas en el país, de las cuales 218 correspondieron a Quintana Roo, equivalente a 48.4 por ciento del total nacional.
Por su parte, la FGE informó que entre julio del 2023 y septiembre de 2026 fueron resguardadas mil 207 posibles víctimas de trata de personas en Quintana Roo, de las cuales 151 eran menores de edad, como resultado de más de 150 cateos y operativos realizados en establecimientos y domicilios.
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Trabajadores y clientes también conocen la dinámica
Uno de los testimonios más reveladores fue el de un exempleado de este tipo de establecimientos, quien aseguró conocer de primera mano la manera en que operan algunos negocios nocturnos y cuestionó que las intervenciones no siempre alcancen a quienes tienen el control de las actividades.
“No creo que esa sea la forma adecuada de combatir la trata de personas o la prostitución, porque si no hay detenidos, aunque rescaten a las mujeres, a los 15 días regresan y cuando detienen a alguien generalmente son empleados, no los dueños, que luego reabren o buscan otro lugar, hasta con las mismas”, relató.
La normalización de estas actividades también quedó expuesta en el testimonio de Joel, un cliente frecuente de uno de los establecimientos señalados, quien reconoció que acude por decisión propia y que, aunque sabe que existe prostitución en esos lugares, no siempre conoce las condiciones en las que trabajan las mujeres.
“Yo soy cliente frecuente, porque me gusta y me queda cerca del trabajo. Para mí es normal, tampoco puedo decir que fuera muy notorio que estuvieran a la fuerza, pero tampoco les pregunté”, admitió.
El mismo entrevistado consideró que la actividad de estos negocios responde también a la demanda de una población flotante de trabajadores que llega a Cancún por temporadas.
En el ámbito municipal, el Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas de Benito Juárez contempla, en su Artículo 141, supuestos para la revocación de oficio de licencias cuando dentro de los establecimientos se realizan actividades constitutivas de delitos graves, entre ellas trata de personas, lenocinio y explotación sexual de menores.
En Cancún, donde comerciantes denuncian reaperturas de negocios intervenidos por trata y cuestionan posibles pagos a autoridades, la efectividad de los operativos no debería medirse únicamente por el número de cateos o mujeres resguardadas, sino también por el seguimiento judicial, la identificación de los responsables y las medidas que impidan que los espacios utilizados para la explotación vuelvan a funcionar al margen de la ley.