En 23 días de septiembre, Quintana Roo acumula al menos 10 homicidios, tres de ellos registrados en menos de 24 horas, en una jornada que volvió a evidenciar la violencia concentrada principalmente en este destino y Playa del Carmen. La cifra ya igualó y, en algunos casos, superó los registros mensuales reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 10 hechos dolosos en enero y febrero, 14 en marzo, nueve en abril, ocho en mayo, nueve en junio, ocho en julio y seis en agosto.
El miércoles, un hombre fue ejecutado a balazos en el fraccionamiento Villas Otoch, en la Supermanzana 247 de Cancún. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que viajaban en dos motocicletas se aproximaron a la víctima y le dispararon al menos siete veces a quemarropa.
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Ese mismo día, en Playa del Carmen, un mototaxista fue asesinado a tiros en la colonia irregular In House, mientras que horas después fue localizado el cadáver de otra persona en Villamar II, aparentemente con huellas de violencia. De manera preliminar se señaló que pudo haber sido privado de su libertad y posteriormente asesinado, aunque las autoridades no han confirmado el móvil.
La sucesión de casos vuelve a poner sobre la mesa la capacidad de las corporaciones para contener la delincuencia y las condiciones bajo las cuales operan las instituciones encargadas de la seguridad.
El especialista en seguridad y exjefe policiaco Diddier Vázquez Méndez señaló que México y Quintana Roo mantienen un modelo híbrido en el que corporaciones civiles pueden ser encabezadas por mandos de origen militar o naval, esquema que, a su consideración, genera tensiones entre dos lógicas distintas: la militar, basada en jerarquía y obediencia, y la policial civil, que requiere proximidad, criterio situacional y uso gradual de la fuerza.
Vázquez Méndez sostuvo que la presencia militar no puede sustituir indefinidamente la construcción de una policía civil profesional. Por ello, plantea fortalecer la carrera policial, las condiciones laborales, la capacitación, la investigación y los mecanismos de rendición de cuentas.
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Su planteamiento también pone el foco en quienes diariamente patrullan las calles, al considerar necesarias mejores condiciones de seguridad social, vivienda, atención médica y psicológica, así como protección para policías lesionados o fallecidos y un retiro digno. El debate, señala, no se limita al número de agentes desplegados, sino a la capacidad institucional para prevenir, investigar y esclarecer los delitos.
Mientras este debate permanece abierto, los homicidios siguen acumulándose en el estado y los ataques armados alcanzan distintos sectores de la población, incluido un adolescente baleado en Villas del Sol, Playa del Carmen, un caso que no se sumó a la estadística de asesinatos, pero que evidencia la persistencia de la violencia con armas de fuego.