La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo aseguró varios predios ubicados en la colonia Los Encinos, a un costado del fraccionamiento Las Américas, como parte de procedimientos ministeriales relacionados con una investigación por los presuntos delitos de fraude y despojo. En las diligencias aparecen señalados Juan “N” y Ángel “N”, quienes habrían participado en operaciones de compraventa de terrenos.
De acuerdo con el testimonio de una persona afectada, en 2018 él y su familia adquirieron cuatro predios mediante contratos de compraventa celebrados con Juan “N”. Una vez liquidados los pagos, comenzaron a exigirles un nuevo monto bajo el concepto de “urbanización”, por aproximadamente 100 mil pesos por cada terreno. El denunciante señaló que dicho cobro resultaba cuestionable, ya que en la zona no se observaban trabajos de infraestructura como tuberías, cableado eléctrico o pavimentación.
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El afectado relató que, pese a manifestar inicialmente su disposición para cubrir el monto solicitado, posteriormente se le retiró la posesión de los predios. Con maquinaria pesada fueron destruidos cercados y algunas construcciones que la familia había levantado en el lugar. Ante esta situación, presentó una denuncia por fraude y despojo, lo que derivó en una investigación sobre la propiedad de los terrenos y las operaciones mediante las cuales fueron comercializados.
Durante las indagatorias se habría descubierto que los señalados no eran los propietarios originales, sino que actuaban como apoderados de una pareja de adultos mayores, quienes serían los legítimos dueños de los predios. El señalamiento apunta a que, presuntamente, aprovechando dicha representación, los terrenos habrían sido revendidos a diferentes personas.
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Los hechos forman parte de la investigación ministerial que derivó en el aseguramiento de varios predios de la colonia Los Encinos, diligencia que se llevó a cabo el miércoles por la tarde. La Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los involucrados y establecer quién cuenta con derechos legítimos sobre los predios y bajo qué condiciones fueron realizadas las operaciones de compraventa.
Cabe señalar que los señalamientos forman parte de una investigación en curso y no representan una sentencia ni una determinación de responsabilidad penal contra las personas mencionadas. El proceso se mantiene abierto y las autoridades ministeriales deberán definir la validez de los contratos, así como la autenticidad de las operaciones realizadas en esa zona de Chetumal.