El Gobierno federal reconoció, en el programa científico del CICY para 2026-2030, que la Península perdió 285 mil 580 hectáreas de selva en cuatro años. Detrás de esa cifra hay jaguares que ya no encuentran por dónde cruzar, millones de toneladas de carbono que dejan de capturarse cada año y un mecanismo de lluvia que sostiene el único acuífero del que beben cuatro millones de personas.
Cuando el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) publicó, el 29 de abril, su Programa Institucional 2026-2030 en el Diario Oficial de la Federación, incorporó por primera vez a un documento oficial un dato que hasta entonces sólo circulaba en reportes de organizaciones ambientalistas: entre el 2019 y el 2023, la Península perdió un promedio de 196 hectáreas cada día. Yucatán sólo aportó 110 mil 076 hectáreas a esa cifra –75 hectáreas diarias‒ con Campeche y Quintana Roo completando el resto.
El reconocimiento oficial importa, pero el número por sí solo dice poco. Lo que revela la ecología de la Selva Maya –el segundo macizo de bosque tropical más grande de América, después de la Amazonia‒ es que esa pérdida no se mide sólo en hectáreas: se traduce en animales sin ruta de escape, en toneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera y en menos lluvia para recargar el único sistema de agua dulce que tiene la región.
El jaguar sin corredor
La Península alberga la mayor población de jaguares de México fuera de zonas protegidas continuas, y concentra 37 por ciento de los corredores biológicos críticos identificados a nivel nacional para la especie, según la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Uno de los más importantes es el corredor Balam Beh, en Campeche, diseñado para conectar áreas protegidas que la construcción de carreteras, granjas y desarrollos turísticos fue aislando entre sí.
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Un estudio de ecología espacial publicado en el 2022 en la revista Animal Biodiversity and Conservation, con jaguares monitoreados por telemetría satelital entre el 2013 y el 2015, documentó que la especie necesita entre 100 y 172 kilómetros cuadrados de territorio continuo según la temporada, y que prefiere desplazarse por selva o vegetación secundaria antes que por zonas alteradas.
Cuando ese territorio se fragmenta en parches aislados por potreros, plantaciones o vías, los jaguares quedan obligados a cruzar caminos: organizaciones de conservación han documentado colisiones fatales con vehículos en tramos donde la selva fue removida para abrir carreteras y el trazo del Tren Maya, con crías y hembras gestantes entre las víctimas registradas en los últimos años.
“Los jaguares no cruzan caminos: los caminos cruzan su territorio”, resume un especialista en conservación de la especie en la Península.
La pérdida de conectividad no afecta sólo al jaguar. El mismo hábitat sostiene presas como el venado y el pecarí, además de aves y polinizadores que dependen de la continuidad del dosel forestal. Cuando la selva se reduce a manchones aislados, toda la cadena que depende de ella –incluida la actividad apícola de comunidades yucatecas‒ pierde la superficie de vegetación nativa que necesitaba para funcionar.
Millones de toneladas de carbono al aire
La Selva Maya funciona como uno de los principales reservorios de carbono del país: se estima que los cambios de uso de suelo en los tres estados peninsulares liberan entre 4 y 8 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono cada año, de acuerdo con estimaciones citadas por especialistas forestales y retomadas por medios nacionales. Es una cifra comparable a las emisiones anuales de cientos de miles de automóviles circulando de forma permanente.
El propio CICY calculó, en un estudio técnico independiente sobre el trazo del Tren Maya, que la obra removió 470 mil 750 toneladas de carbono almacenado en la vegetación a lo largo de su ruta.
Ese cálculo, hecho con un mapa de densidad de carbono forestal, ilustra el tipo de ejercicio que el propio programa institucional del centro debería aplicar de forma sistemática a toda la pérdida forestal peninsular ‒y que, por ahora, no incorpora como indicador de seguimiento.
Menos selva, menos lluvia, menos acuífero
El tercer efecto es el que menos se percibe a simple vista: la relación entre la cubierta forestal y la cantidad de agua que llega al acuífero. A diferencia de otras regiones, la Península no tiene ríos superficiales; toda el agua dulce depende de la infiltración de la lluvia a través de un subsuelo poroso de roca caliza.
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Investigadoras del CICY y la Universidad Autónoma de Yucatán han explicado que la recarga de ese sistema depende de las lluvias, y que las lluvias, a su vez, dependen de la existencia de grandes extensiones de selva: la vegetación captura humedad, la libera por evapotranspiración y ayuda a mantener el ciclo de precipitación regional. Ese servicio ambiental, señalan, no puede compensarse con manchones aislados de árboles.
Esto es distinto –y complementario‒ al problema de la contaminación del acuífero por descargas agropecuarias y agroquímicos que esta casa editorial ya ha documentado en cenotes del Anillo. Aquí no se trata de que el agua llegue sucia, sino de que llegue menos agua: cada hectárea de selva convertida en potrero o plantación reduce, a mediano plazo, la cantidad de lluvia disponible para recargar el mismo manto freático del que dependen para beber Mérida y buena parte de los municipios del estado.
Reconocimiento sin protección
El programa institucional del CICY reconoce la magnitud de la pérdida forestal y plantea, como eje de trabajo hasta el 2030, investigar sistemas agroforestales y de restauración ecológica. Pero sus propios indicadores no miden directamente hectáreas restauradas, corredores reconectados ni toneladas de carbono recuperadas: se limitan a elevar, de 69 a 75 por ciento, la proporción de proyectos colaborativos relacionados con mitigación climática y seguridad alimentaria.
Mientras tanto, la deforestación no se detiene. Estimaciones recientes calculan que sólo Quintana Roo podría perder alrededor de 15 mil hectáreas adicionales de selva en el 2026, y organizaciones ambientalistas documentan más de 140 mil hectáreas perdidas en la Península en un solo año reciente, casi la mitad de toda la deforestación registrada en México durante ese periodo.
El reconocimiento oficial de la crisis es un primer paso; lo que todavía falta, coinciden especialistas en fauna, carbono y ciclo hídrico, es que ese diagnóstico se convierta en una meta territorial capaz de frenar, hectárea por hectárea, la pérdida que ya compromete al jaguar, al clima regional y al agua que bebe la Península.
