Yucatán tiene fama de ser el estado más seguro de México. Sus cifras de homicidios dolosos son consistentemente las más bajas del país, y el gobierno estatal repite esa distinción con orgullo en cada informe de gobierno. Pero hay una categoría de violencia que no cabe en ese relato cómodo: el abuso sexual. Un informe federal difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), con datos de enero a abril del 2026, ubica a Yucatán como la octava entidad con mayor tasa de llamadas de emergencia por incidentes de abuso sexual del país, con 2.71 casos por cada 100,000 habitantes, cifra que supera el promedio nacional de 2.08.
En términos absolutos, el número puede parecer pequeño: 69 llamadas al 911. Pero detrás de cada una hay una persona que tomó el teléfono, marcó el número de emergencias y dijo que algo terrible le había sucedido. Y lo que ocurrió después revela otro problema igualmente grave: de esas 69 llamadas, la Fiscalía del Estado abrió sólo 38 carpetas de investigación, lo que significa que 31 reportes de abuso sexual –casi la mitad‒ no derivaron en ningún expediente ministerial.
La brecha entre el grito y la respuesta
La diferencia entre las llamadas al 911 y las carpetas de investigación abiertas no es un dato técnico menor. Es la medida de cuántas personas pidieron ayuda y no obtuvieron una respuesta. Cada llamada que no se convierte en una carpeta es, en la práctica, una víctima que queda sin proceso, sin acompañamiento y, frecuentemente, frente al mismo agresor.
En enero del 2026, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Yucatán cerraron con 20 carpetas, frente a 13 del año anterior, lo que representa un aumento de 53.8%. El abuso sexual encabezó la lista con 11 casos, seguido de violación simple, acoso sexual y hostigamiento. El incremento en las denuncias podría interpretarse como una señal positiva –más personas decidiendo hablar‒ pero también evidencia que el problema crece.
Noticia Destacada
Casos de fecundidad forzada en Quintana Roo: 61 embarazos en menores de 15 años
Este mayo, la Fiscalía informó que se sentenció a ocho años de prisión a un hombre por el abuso sexual que cometió contra una niña de 14 años en una casa de Kanasín el 3 de abril del 2024: dos años transcurrieron desde los hechos hasta la sentencia, y eso ocurrió en un juicio abreviado, es decir, con el procesado confesando su culpabilidad. En un caso diferente, también en mayo, un juez vinculó a proceso a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en Progreso en dos ocasiones distintas; los hechos datan del 2025. La justicia llega, pero tarda.
Niñas y niños: las víctimas más invisibles
Los datos más perturbadores del panorama yucateco de abuso sexual apuntan hacia la infancia. La asociación Estudio 4 Alto Rendimiento reveló que en los últimos tres años en Yucatán se presentaron unas 354 denuncias por abuso sexual infantil, aunque esta cifra podría ser sólo un aproximado, pues la mayoría de los casos no se denuncian. Y la tendencia es al alza: el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reportó que al cierre del 2025 brindó acompañamiento a aproximadamente 200 menores de edad, pero en enero del 2026 se registraron 240 nuevas denuncias de posible abuso sexual en menores de edad. En un mes se superó lo atendido en todo el año anterior.
Lo más alarmante es dónde ocurre el abuso. Según la presidenta de la Fundación Amar del Sureste, Georgina Ortega Joaquín, la mayoría de los menores que llegan a la institución ingresan por maltrato o violencia, pero conforme avanza el acompañamiento psicológico se detectan antecedentes de abuso sexual, una situación que es muy común y que suele ocurrir dentro del propio núcleo familiar. El hogar, el espacio que debería ser el más protegido, es con frecuencia el lugar donde el daño comienza.
Hasta octubre del 2025 se registraron en Yucatán 255 delitos por abuso sexual, en un contexto donde la lucha de las víctimas contra el temor, la revictimización y las amenazas sigue siendo ardua.
El acoso sexual: normalizado y sin respuesta
Si el abuso sexual tiene una brecha preocupante entre llamadas y carpetas, el acoso y el hostigamiento sexual presentan un abismo aún mayor. Según el mismo informe del Sesnsp correspondiente a enero-abril del 2026, Yucatán registra una tasa de 3.62 llamadas de emergencia por acoso u hostigamiento sexual por cada 100,000 habitantes, cifra superior al promedio nacional de 3.36, con 92 víctimas reportadas en ese período. Sin embargo, la Fiscalía del Estado abrió en esos cuatro meses únicamente nueve carpetas de investigación por acoso sexual y dos por hostigamiento sexual. De 92 personas que llamaron al 911 denunciando acoso, solo once casos activaron un expediente ministerial.
Noticia Destacada
Detienen a Humberto “N” por presunto abuso sexual contra su nieta en Campeche
El dato cobra un significado particular cuando se cruza con la información proveniente de la Endireh, que señala que el 30.5% de las mujeres yucatecas de 15 años o más ha vivido violencia en entornos educativos, con los compañeros como principales agresores (48.2% de los casos) y los maestros como responsables en el 15.3% de los hechos. El acoso sexual no es un problema que llega de afuera: está instalado en las mismas instituciones donde se educa a la siguiente generación.
Un caso que llegó este año a los tribunales ilustra la dimensión del problema. Un juez de control puso en prisión preventiva a un hombre al que la Fiscalía acusó de cometer violación, abuso y acoso sexual contra dos niñas en múltiples ocasiones entre 2019 y 2024, aprovechando que era maestro de danza en Mérida. Los hechos abarcaron cinco años. Ninguna denuncia lo detuvo antes.
Violación: subregistro y una justicia que no alcanza
En materia de violación, el informe federal registra en Yucatán 16 víctimas de llamadas de emergencia por ese delito entre enero y abril del 2026, con una tasa de 0.63 casos por cada 100,000 habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional de 0.67. Pero la Fiscalía abrió 13 carpetas por violación simple y equiparada en ese período, lo que significa que tres reportes no generaron investigación formal.
Entre los casos que sí llegaron al sistema judicial figura el de un hombre vinculado a proceso en mayo del 2026 por violación equiparada, acusado de agredir a una mujer de 45 años con discapacidad intelectual permanente en una casa de Kanasín el 7 de mayo. La víctima pertenece a uno de los grupos más vulnerables y con menor capacidad de defensa propia: las personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales para denunciar y para ser creídas por las instituciones.
El espejo incómodo de las estadísticas
Los datos del 2026 dibujan un Yucatán con una contradicción central: es el estado con menor violencia homicida del país, pero al mismo tiempo exhibe tasas de abuso sexual, acoso y violencia de género que superan promedios nacionales, con una respuesta institucional que procesa apenas una fracción de los casos reportados.
La mayoría de los casos de abuso no se denuncia, lo que implica que las estadísticas oficiales representan únicamente una fracción del fenómeno real. Este subregistro se explica por múltiples factores: el miedo a represalias, la propensión de otros familiares a proteger al agresor, la dependencia económica de los agresores y la desconfianza en las instituciones.
La imagen de un estado seguro no miente del todo: los homicidios son bajos, la tasa de violencia familiar está por debajo de la media nacional. Pero convive con una realidad que las cifras federales publicadas hacen imposible ignorar: decenas de personas llaman pidiendo ayuda por abuso o acoso sexual. Niñas y niños son abusados dentro de sus propias casas, por personas en quienes deberían confiar. Maestros, familiares, parejas. El peligro no está en la calle. Está puertas adentro.
