Tres mujeres, que renunciaron al Comité del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) de Espita, pidieron que se investigue el manejo de los recursos.
Según dijeron, su salida irrevocable se debió a que están inconformes con la falta de participación en las decisiones, presuntas irregularidades en obras, así como en un posible uso político del programa.
María L. Batún Ku, vocal segunda de Administración; Delmy L. Cab Dzib, secretaria de Vigilancia y María R. Pool Cordero, vocal de Vigilancia, acudieron al módulo de Bienestar instalado en la Casa de la Cultura de esta villa donde presentaron formalmente sus renuncias ante Manuel Novelo.
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En los documentos entregados, las tres mujeres expusieron que su decisión derivó, principalmente, de que sus opiniones y propuestas dejaron de ser tomadas en cuenta, situación que les impidió participar de manera efectiva en decisiones sobre el destino de los recursos y las obras para las familias.
Recordaron que el Faispiam tiene como finalidad financiar obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a las comunidades indígenas y afromexicanas, que los lineamientos federales establecen que los comités son elegidos por la asamblea comunitaria y tienen responsabilidades específicas en la Administración, planeación, ejecución y vigilancia de los recursos recibidos.
Otro de los principales motivos de las renuncias, fue la decisión de contratar a la empresa Otoch Kan para realizar trabajos de mejoramiento de vivienda pues, según las denunciantes, se habría realizado una transferencia por un millón 888 mil 569 pesos con 28 centavos el pasado 18 de agosto; incluso ya se habría hecho una segunda.
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Las exintegrantes inconformes sostuvieron que, pese a los recursos entregados, no se había recibido ningún trabajo terminado, además de cuestionar los costos en algunas de las obras.
Entre las cantidades que señalaron, se encuentran 140 mil pesos por un baño, 80 mil por un techo de 4 por 5 metros y montos que alcanzarían 59 mil pesos por pisos de 4 por 5 metros.
Las tres mujeres aseguraron que los precios les parecen elevados en relación con lo realizado y manifestaron su preocupación pues, según su versión, trabajadores de la empresa habrían indicado que no reciben todo el material para ejecutar las obras.
Expusieron que estos señalamientos forman parte de sus declaraciones como exintegrantes y no constituyen por sí mismos una determinación oficial de irregularidades, por lo que corresponderá a las autoridades competentes verificar contratos, transferencias, avances físicos, costos y calidad.
Por ello, pidieron investigar el destino del suministro federal solicitando que se realice una investigación sobre el manejo de los recursos del Faispiam, particularmente porque no se les proporcionó información suficiente sobre los movimientos bancarios y las decisiones financieras.
También mencionaron al responsable de la Unidad Básica de Acompañamiento (UBA), David Baak Duarte, a quien acusaron de haber acompañado o avalado las decisiones cuestionadas.
