Luis Armando Chuc Sánchez, ejidatario de Motul, denunció el presunto despojo de más de mil mecates de tierras ejidales y una serie de acciones judiciales que, afirmó, forman parte de una estrategia para desplazar a campesinos de la zona. Según su testimonio, al menos otros nueve trabajadores del campo enfrentan una situación similar.
Chuc Sánchez señaló como origen del conflicto la adquisición de la hacienda Santa Teresa por parte de un extranjero, quien presuntamente pretende ampliar el control territorial hacia predios colindantes.
De acuerdo con el denunciante, algunas de esas tierras han sido trabajadas por familias de la región durante más de cinco décadas.
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El campesino también acusó a autoridades ejidales de favorecer los intereses del inversionista. Afirmó que la antigua comunidad ubicada alrededor de la hacienda ha desaparecido progresivamente, luego de que fueran retiradas viviendas y una escuela, mientras los terrenos permanecen actualmente cercados y enmontados. También señaló presuntas irregularidades en la venta de tierras de uso común.
Denuncias penales
El conflicto, agregó, se trasladó al ámbito penal cuando algunos campesinos intentaron limpiar y preparar sus parcelas para incorporarse a programas federales como Sembrando Vida.
Chuc Sánchez, Julián Can Chuc y Sixto Jorge Argüelles fueron incluidos, según su declaración, en la carpeta de investigación 138 por acusaciones relacionadas con presunto despojo y robo.
Chuc Sánchez aseguró que desde 2022 ha enfrentado distintas medidas cautelares, entre ellas un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y seis meses de encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán durante 2023.
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Afirmó que el pasado 3 de agosto fue detenido de nuevo sin que le muestren una orden de aprehensión y denunció que su teléfono y dinero no le han sido devueltos.
Los campesinos pidieron la intervención de autoridades estatales y federales para revisar el conflicto y garantizar sus derechos sobre las tierras.
Recordaron que el caso fue expuesto ante el Ejecutivo federal y sostuvieron que algunas resoluciones del Tribunal Agrario no han sido atendidas a nivel local. Entre sus demandas están frenar la presunta venta irregular de patrimonio ejidal y evitar que la defensa de las parcelas derive en procesos penales.
