La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó dos expedientes sobre las tierras del ejido de Chuburná, en Mérida, cuya posesión se disputan particulares y la comunidad agraria.
El conflicto se originó con la dotación ejidal de 1925 y se complicó con posteriores diferencias sobre la superficie reconocida al núcleo agrario. Con el crecimiento urbano de Mérida, parte de esos terrenos quedó incorporada a zonas habitacionales del norte, donde desde hace décadas particulares y ejidatarios mantienen disputas por la propiedad.
La ministra Lenia Batres informó que el máximo tribunal admitió las solicitudes de facultad de atracción 727/2026 y 728/2026, promovidas por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, para revisar dos juicios de amparo relacionados con el litigio.
Uno de los expedientes corresponde al municipio de Mérida y tiene como punto central la nulidad de un acta de asamblea relacionada con tierras del ejido. La resolución podría marcar la pauta para otros conflictos similares en zonas urbanizadas de la capital.
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Un pleito que toca al norte
Aunque la Suprema Corte no detalló la ubicación de los predios, el litigio agrario tiene implicaciones para familias que radican en Vista Alegre, Los Pinos, Los Arcos y otros sectores cercanos, cuyos terrenos han quedado bajo la sombra de los reclamos ejidales.
Los particulares sostienen que cuentan con los documentos que respaldan sus derechos sobre las propiedades. Del otro lado, la comunidad de Chuburná afirma que determinadas superficies forman parte del ejido y, por tanto, pertenecen a la propiedad social.
El pleito ha recorrido tribunales agrarios y federales mediante resoluciones, impugnaciones, recursos y amparos.
La propia SCJN ya había revisado el pasado mes de junio otros recursos relacionados con la restitución de tierras de Chuburná, por lo que los nuevos expedientes podrían convertirse en referencia para casos similares.
De 4 mil a más de 7 mil hectáreas
En 1925, una resolución presidencial dotó al ejido de Chuburná de 4 mil 248 hectáreas. Sin embargo, los registros territoriales posteriores muestran superficies distintas. Entre 1929 y 1935, los planos oficiales establecieron 5 mil 910 hectáreas, sobre las cuales se realizaron 40 expropiaciones.
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Para el año 1994, el ejido aparecía con 7 mil 240 hectáreas, es decir, casi 3 mil más que las reconocidas originalmente. Dos años después, en 1996, se incorporaron otras mil 911 hectáreas en medio de cuestionamientos sobre una asamblea ejidal.
Las diferencias entre los planos y las superficies reconocidas forman parte del entramado que durante décadas ha mantenido enfrentados a ejidatarios y particulares.
Millones en juego
El conflicto también ha dejado antecedentes económicos. En el 2006, líderes del ejido cobraron casi 7 millones de pesos a vecinos del fraccionamiento Los Álamos, frente a Los Arcos, según antecedentes documentados del caso.
Particulares también han denunciado una presunta “mafia agraria” que, aseguran, habría aprovechado la disputa para modificar ilegalmente los límites territoriales y afectar a los propietarios que adquirieron sus predios desde hace décadas.
Esos señalamientos forman parte del conflicto, pero deberán ser acreditados ante las autoridades correspondientes.
Ahora, la Suprema Corte deberá analizar los dos asuntos que decidió atraer. Su resolución podría definir derechos sobre los terrenos en disputa y, al mismo tiempo, sentar precedente para otros predios que quedaron atrapados entre la propiedad social y el crecimiento urbano de Mérida.
