El Consejo Maya Peninsular por la Autonomía rechazó avalar la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el proceso impulsado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no garantiza una participación previa, libre, informada y acorde con las formas de organización comunitaria.
Las organizaciones señalaron que el cuestionamiento no se limita al procedimiento de consulta, sino que alcanza el contenido de la iniciativa. Advirtieron que el Estado conservaría la facultad de determinar cuándo una obra o proyecto genera un impacto significativo y, con ello, decidir cuándo las comunidades tendrían derecho a ser consultadas.
Noticia Destacada
Lluvias encarecen la construcción en Yucatán por inundaciones para extraer grava y polvo de piedra
Para el Consejo Maya, esta disposición representa uno de los principales riesgos, pues las mismas autoridades que promueven o autorizan determinados proyectos podrían conservar el poder de establecer cuándo deben escuchar a los pueblos. “Ratificar este texto sería firmar nuestra propia renuncia. ¡No lo vamos a hacer!”, advirtieron en un pronunciamiento difundido por Comunidades por la Autonomía.
Acuerdo tras reuniones
La postura fue fijada después de las reuniones realizadas el domingo 16 de agosto en Izamal y Valladolid, como parte de la consulta nacional sobre la iniciativa. El Consejo cuestionó que no fueran convocadas todas las autoridades indígenas, concejos comunitarios y liderazgos no partidistas de la región.
También rechazó la participación de representantes municipales en las mesas de trabajo bajo el argumento de contar con el aval del INPI. Los representantes comunitarios sostuvieron que los comisarios ejidales y municipales no sustituyen a las autoridades indígenas ni representan por sí solos a las comunidades.
Noticia Destacada
Crío y Bachoco ponen a Yucatán contra las cuerdas con estiércol en zonas mayas, contaminación del agua y granjas cerca de escuelas
La consulta comenzó en julio de 2026 y contempla 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo para recoger las opiniones de 16 mil 728 comunidades, 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el Gobierno haya presentado una propuesta previamente redac-tada y que las instituciones promotoras sean también las encargadas de ordenar las opiniones y determinar cómo incorporarlas.
La desconfianza se relaciona con conflictos que atraviesan la península de Yucatán por la instalación y expansión de granjas porcícolas, la agroindustria, desarrollos inmobiliarios, megaproyectos y el Tren Maya, además de las amenazas que, según las comunidades, enfrentan el agua subterránea, los cenotes y otros espacios vinculados con su territorio y forma de vida.
