Setecientas treinta y siete veces, entre enero y lo que va de agosto del 2026, una mujer llegó a una unidad médica de Yucatán con huellas de violencia que ameritaron un registro oficial. Es la cifra que mantiene la Secretaría de Salud (SSA) en su plataforma de Lesiones y Causas de Violencia, y que coloca a la entidad en el lugar 16 del país por número absoluto de casos.
El desglose por tipo de agresión deja ver dónde se concentra el problema: 255 registros corresponden a violencia sexual, 247 a violencia psicológica, 188 a violencia física, 41 a violencia económica y seis a abandono o negligencia. Sumadas, las dos primeras categorías –sexual y psicológica‒ explican 502 de las 737 atenciones, es decir, 68.1 por ciento del total. Dicho de otro modo, casi siete de cada diez mujeres que buscaron ayuda médica en Yucatán este año lo hicieron por una agresión sexual o por maltrato psicológico, no por golpes visibles.
La violencia sexual es, de hecho, la categoría más numerosa en la entidad, con 34.6% del total; le sigue la psicológica, con 33.5%, y después la física, con 25.5 por ciento. La económica pesa 5.6% y el abandono, menos de uno por ciento. El propio sistema de salud aclara que la etiqueta “lesionada” no implica necesariamente una herida corporal: incluye cualquier afectación –física, sexual, psicológica, económica o por abandono‒ que haya requerido la intervención de personal médico u otros servicios de salud.
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Un mismo lugar, distintas posiciones
El puesto 16 nacional no cuenta toda la historia, porque la posición de Yucatán cambia según el tipo de violencia que se mida. La entidad ocupa el lugar 10 en violencia económica y el 11 en violencia sexual, dos posiciones más altas que su promedio general; baja al 15 en violencia psicológica y al 16 en abandono, y se ubica en el lugar 23 en violencia física, su mejor colocación relativa. El comportamiento sugiere que el patrón de violencia que llega a los hospitales yucatecos no es el más común en el resto del país, donde la agresión física suele pesar más.
Esa combinación de rankings altos en violencia sexual y económica, y bajo en violencia física, no es un detalle menor para quienes diseñan políticas públicas: la violencia que no deja marcas visibles es también la más difícil de detectar a tiempo y la que con más frecuencia se normaliza dentro de una relación antes de que alguien pida ayuda. Un caso de violencia física suele ser evidente para terceros; uno de violencia sexual o psicológica puede sostenerse durante años sin que nadie fuera del entorno cercano lo advierta.
La Secretaría de Salud advierte, además, que los datos del 2026 son preliminares y se cerrarán de forma definitiva hasta abril del año siguiente. También conviene una precaución metodológica: la cifra de 737 corresponde a registros de atención, no necesariamente a 737 mujeres distintas, ya que el sistema no cuenta con identificadores que permitan descartar que una misma paciente haya sido atendida en más de una ocasión.
La cifra confirma que, pese a los llamados públicos a la prevención, el sistema de salud sigue recibiendo, mes con mes, a mujeres que llegaron tarde a pedir ayuda.
La región más golpeada del país
Dentro de la Península, Yucatán ocupa el segundo lugar en número de registros, detrás de Quintana Roo, que acumula 831, y por encima de Campeche, con 280. Las tres entidades suman mil 848 atenciones, el 3.6% de las 51 mil 984 que reporta la SSA a nivel nacional: casi cuatro de cada 100 registros del país se originan en la Península. Dentro de esa región, Quintana Roo concentra 45% de los casos, Yucatán 39.9% y Campeche 15.2 por ciento.
El Estado de México, con 11 mil 969 registros, encabeza la lista nacional, un recordatorio de que el tamaño poblacional pesa en estas comparaciones. Una cifra estatal más baja tampoco equivale automáticamente a menos violencia: puede reflejar diferencias en la disponibilidad de servicios de salud, en la capacidad de cada entidad para alimentar la plataforma o, simplemente, subregistro.
Lo que dicen las fiscalías
Además del expediente sanitario existe uno penal, y ambos miden cosas distintas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio del 2026 murieron en Yucatán 34 mujeres víctimas de algún tipo de violencia: cuatro por feminicidio, una por homicidio doloso y 29 por homicidio culposo. A esa cuenta se suman 72 víctimas de lesiones dolosas, 11 de lesiones culposas, una de extorsión y una de corrupción de menores.
Conviene no mezclar categorías sin cuidado. El homicidio culposo, por ejemplo, puede originarse en accidentes o negligencias sin intención de matar, y no acredita por sí mismo un caso de violencia de género; tampoco es exacto suponer que una carpeta de investigación exige que la víctima ratifique personalmente su denuncia, ya que las fiscalías también pueden iniciar una indagatoria por otros mecanismos legales.
Y, sobre todo, los 737 registros de Salud y las víctimas que documenta el Secretariado no deben sumarse entre sí: son sistemas que miden fenómenos distintos –atenciones médicas uno, víctimas de investigaciones penales el otro‒ y una misma agresión puede aparecer en ambos, en uno solo o en ninguno.
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Lo que muestran las cifras
Tanto el registro sanitario como el penal capturan únicamente la violencia que logró cruzar la puerta de una institución. Fuera de esas 737 atenciones y esas 34 muertes quedan las mujeres que no llegaron a un hospital, que no denunciaron, que abandonaron un trámite a medio camino o que no encontraron cómo pedir ayuda.
Establecer en qué colonias o municipios se concentran los casos, qué edades tienen las víctimas, qué relación tenían con su agresor y cuántas fueron canalizadas a algún esquema de protección es la tarea pendiente para dimensionar un problema que, por ahora, solo se conoce por su consecuencia más visible: la mujer que finalmente llegó a pedir auxilio.
