Pese a los anuncios de operativos y campañas de la Fiscalía General de la República (FGR) para retirar máquinas tragamonedas ilegales de cualquier negocio, los famosos minicasinos continúan siendo observados en pequeños locales establecidos tanto en mercados municipales como en avenidas, barrios, colonias y fraccionamientos de la capital campechana.
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Desde hace varios años, se ha vuelto común observar el incremento en la instalación de estas máquinas o dispositivos de bajo costo, portátiles, fáciles de mover y reubicar.
Se trata de un jugoso negocio para los distribuidores de los llamados minicasinos, quienes dejan una comisión semanal a los propietarios de los establecimientos comerciales que permiten su instalación y que son ilegales al no estar permitidos por la Secretaría de Gobernación.
Existe también la sospecha de que estos aparatos podrían ser utilizados para el lavado de dinero de algún grupo del crimen organizado, mediante máquinas programadas electrónicamente para simular premios frecuentes o rachas de suerte entre las personas adictas a los juegos de azar, sus principales víctimas, quienes apuestan dinero de forma inmediata y sin registro.
Estas tragamonedas actualmente se observan con cada vez mayor frecuencia en decenas, quizás cientos, de negocios en todo el Estado y, de manera extraoficial, se presume que el distribuidor o distribuidores de estos equipos ilegales moverían varios millones de pesos en ganancias a nivel estatal.
De nueva cuenta, los minicasinos comienzan a formar parte de la entrada de diversos negocios, tanto en los pasillos del mercado Pedro Sainz de Baranda como en otros mercados municipales, tiendas de abarrotes ubicadas en avenidas y calles, e incluso en tortillerías.
El último operativo dado a conocer por la FGR para decomisar máquinas tragamonedas ilegales se realizó en agosto, en la capital campechana, sin que las autoridades federales informaran el número de aparatos asegurados ni si hubo personas detenidas.
En dichas acciones llegan a participar elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la propia Guardia Nacional.
Aún se desconoce por qué las autoridades de la FGR no han realizado más operativos para retirar los minicasinos, una actividad ilícita que, luego de desaparecer aparentemente por un periodo, estaría nuevamente en auge.
También se desconoce si existen aportadores de datos que permitan determinar dónde se fabrican estos equipos, que, según han señalado autoridades federales, son de fabricación china y llegan desarmados para burlar los controles aduaneros, para posteriormente ser ensamblados en algún punto de México.
JGH
