Pese a la reforma al Código Penal del Estado, que tipifica como delito calificado la violencia contra docentes en el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Educación (Seduc) y la Fiscalía General del Estado (Fgecam) han sido omisas al aplicar la norma.
Diputados del Partido del Trabajo (PT) y de Morena señalan que la Seduc requiere una unidad jurídica especializada que brinde acompañamiento a los docentes, mientras que la Fgecam debe garantizar que cada denuncia sea investigada y resuelta con prontitud.
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La diputada Ana María López Hernández, una de las impulsoras de la reforma, sentenció que la modificación legal endurece las sanciones contra quienes agredan al personal docente, de modo que los maestros sientan el respaldo de la ley frente a situaciones de violencia durante su jornada laboral.
Igual exhortó a la FGE a evitar rezagos en las investigaciones y a dar seguimiento puntual a cada denuncia, aprovechando las herramientas legales atribuidas con la reforma. “Cada carpeta debe integrarse con perspectiva de seguridad laboral y resolverse con celeridad”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Omar Talango Cervantes, vocal de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, destacó que el objetivo de la reforma es garantizar entornos seguros en las escuelas y proteger a quienes integran la comunidad educativa.
Enfatizó que la nueva disposición legal brinda certeza al magisterio al establecer reglas claras de observancia general, en las que cualquier persona que incurra en conductas que vulneren la ley será acreedora a las sanciones correspondientes. Aseguró que desde el Poder Legislativo se mantendrán atentos ante cualquier situación que afecte a los maestros, reiterando el compromiso de respaldarlos frente a agresiones o vulneración de sus derechos.
