Los centros de atención para personas con problemas de adicción en Campeche manifestaron su disposición para regularizarse y profesionalizar sus servicios, luego de que el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (Cesma) confirmara que, a nivel nacional, desaparecerá el modelo de ayuda mutua, obligándolos a migrar hacia un esquema con mayores requisitos técnicos y de atención especializada.
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Advirtieron que la transición será complicada debido a que la mayoría opera con recursos limitados y sin apoyo gubernamental, por lo que difícilmente podrán cumplir con exigencias como mantener un médico de planta las 24 horas.
El padrino del Centro de Rehabilitación Fe y Esperanza de Vida A.C., Jesús Francisco Uribe, reveló que la mayoría de los usuarios proviene de familias de escasos recursos que apenas pueden cubrir la cuota de recuperación para mantener internado a un familiar, por lo que incrementar los costos pondría en riesgo el acceso al tratamiento.
“Estamos en la mejor disposición de hacer ese cambio, pero también hay que entender que atendemos a personas de colonias y familias que viven al día. No pueden pagar una clínica privada ni nosotros tenemos los recursos para sostener un médico de planta las 24 horas”, expresó.
Propuso que la Secretaría de Salud (Ssa) del Estado establezca un convenio con la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) para que médicos pasantes realicen su servicio social en los centros de rehabilitación, lo que permitiría fortalecer la atención sin elevar los costos para los internos y sus familias.
Uribe señaló que actualmente el centro cuenta con médicos y psicólogos que acuden únicamente dos o tres veces por semana, ya que no existe presupuesto para contratarlos de tiempo completo. Consideró que el respaldo institucional facilitaría el cumplimiento de los nuevos lineamientos y elevaría la calidad de los servicios que reciben las personas en proceso de recuperación.
Lamentó que los centros de ayuda mutua sobrevivan prácticamente con recursos propios, pues, afirmó, ninguna dependencia gubernamental les brinda apoyo económico para su operación. “Subsistimos con mucho esfuerzo y, aun así, buscamos mejorar para apoyar”, comentó.
El responsable del centro indicó que atienden, en promedio, a 35 personas, de las cuales más de la mitad ingresó de manera voluntaria. Añadió que uno de los principales obstáculos para obtener la certificación nacional es que, en cada inspección, las autoridades incorporan nuevos requisitos que implican mayores inversiones en infraestructura y personal especializado.
Reconoció que también existe un problema con centros que operan de manera irregular o clandestina, sin permisos ni acta constitutiva, situación que afecta la imagen de quienes sí buscan cumplir con la ley. Reiteró que el sector está dispuesto a profesionalizarse, siempre que exista un acompañamiento real por parte de las autoridades para hacer viable la transición al nuevo modelo de atención.
JGH
