Con 20 votos a favor y 17 abstenciones, el Congreso del Estado de Campeche aprobó una reforma constitucional que armoniza la legislación local con la reforma judicial federal y establece que magistradas, magistrados, juezas y jueces serán elegidos mediante voto popular a partir de 2028.
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El decreto integra tres iniciativas presentadas por la gobernadora Layda Sansores San Román, el grupo parlamentario del PRI y las bancadas de Morena, PT y PVEM, las cuales fueron concentradas en un solo dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad.
La reforma modifica diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Campeche y del régimen transitorio del Decreto Número 13, con el objetivo de armonizar el marco jurídico estatal con la reforma a la Constitución federal publicada el 2 de junio de 2026, además de establecer las reglas para la transición al nuevo modelo de elección judicial.
Entre los principales cambios, se determina que todos los cargos judiciales pendientes de renovación y las vacantes existentes serán sometidos a elección popular el primer domingo de junio de 2028. Las personas electas asumirán funciones el 1 de septiembre de 2028 y permanecerán en el cargo durante ocho años, concluyendo su periodo en 2036.
Asimismo, la reforma establece reglas para la elección de magistraturas y personas juzgadoras por materia y distrito judicial; define la integración de los comités de evaluación y de la comisión coordinadora; incorpora mecanismos de selección, insaculación y postulación con paridad de género, además de delimitar las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
El nuevo marco constitucional también contempla disposiciones para atender vacantes, licencias, renuncias y la evaluación obligatoria del desempeño de las personas juzgadoras durante su primer año de funciones.
Además, se establece que quienes actualmente ocupan cargos cuyo periodo concluya en 2027 permanecerán en funciones hasta que rindan protesta las nuevas autoridades electas, con el propósito de garantizar la continuidad en la impartición de justicia durante el proceso de transición.
Durante la discusión del dictamen, el Pleno aprobó por unanimidad una reserva presentada por el PRI, mediante la cual se adicionó un artículo transitorio que confirma que las personas electas en 2028 ejercerán un periodo de ocho años, hasta 2036.
La modificación también señala que, si antes de la elección de 2028 se genera una vacante en una magistratura, esta será ocupada únicamente por la magistratura supernumeraria correspondiente hasta la toma de protesta de la persona electa por voto popular. En caso de quedar vacante una magistratura supernumeraria, no podrá realizarse un nuevo nombramiento bajo el esquema anterior.
JGH
