La mortandad masiva de abejas registrada entre junio y julio del presente año habría sido provocada intencionalmente y tendría como fin facilitar el cambio de uso de suelo para actividades agrícolas, reveló el fiscal especializado en Delitos contra los Animales, el Ambiente y los Ecosistemas, Alexandro Brown Gantus, al confirmar que ya existen personas identificadas dentro de las investigaciones.
Informó que la Fiscalía abrió nuevas carpetas de investigación tras recibir una denuncia presentada por el Semanicce y un segundo reporte realizado por apicultores afectados. Ambos casos ya forman parte de las indagatorias ministeriales y seguirán el mismo proceso legal que la mortandad registrada en 2024.
Brown Gantus explicó que los primeros datos obtenidos durante la investigación apuntan a que el presunto envenenamiento de las colmenas responde a un interés por preparar terrenos para cultivos, práctica que vuelve a encender las alertas debido al impacto que la muerte de las abejas ocasiona sobre los ecosistemas y la actividad apícola en Campeche.
El fiscal recordó que, después de los hechos ocurridos el año pasado, autoridades estatales y federales acordaron con productores agrícolas notificar con anticipación a los apicultores antes de realizar fumigaciones con el propósito de proteger las colmenas; sin embargo, los nuevos casos evidencian que las afectaciones continúan al no acatar la indicación establecida.
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Añadió que si durante las investigaciones se confirma el uso de fipronil, los responsables podrían enfrentar consecuencias legales adicionales debido a que existe una resolución judicial que prohíbe la utilización de ese producto en actividades agrícolas por los daños que ocasiona a las abejas y al medio ambiente.
El titular de la Fiscalía Ambiental indicó que las nuevas carpetas podrían avanzar con mayor rapidez gracias a los antecedentes obtenidos en la investigación de 2024, la cual ya fue judicializada y tiene audiencia programada para principios de agosto.
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Respecto a las medidas de protección para los apicultores, señaló que en estos nuevos hechos no fueron solicitadas acciones cautelares, ya que las colmenas afectadas están en predios rentados.
Brown Gantus sostuvo que las nuevas denuncias fortalecen la hipótesis de que la mortandad de abejas no corresponde a un hecho aislado, sino a una práctica que pone en riesgo la biodiversidad y una de las actividades productivas más importantes para diversas comunidades del Estado.
