La iniciativa que busca endurecer las medidas contra el comercio ambulante en Campeche podría afectar a cientos de familias que dependen de la economía informal para subsistir ante la falta de empleo que se ha recrudecido en todo el Estado, particularmente en Carmen, consideró el presidente de Contraloría Ciudadana A.C., Javier Bello Ávila, quien cuestionó la propuesta impulsada desde el Congreso del Estado, al considerar que criminaliza a personas que recurren al comercio ambulante como única alternativa para obtener ingresos.
Derivado de la propuesta elevada en el Poder Legislativo, el líder social opinó sobre los efectos negativos que tendría esta medida en caso de que sea aprobada en comisiones, pasada al pleno y avalada por los diputados. Señaló que la situación económica en Ciudad del Carmen continúa siendo complicada debido a la falta de oportunidades laborales, el cierre de empresas y la disminución de la actividad económica relacionada con el sector petrolero, por lo que aplicarla vendría a acabar con los únicos ingresos que hoy mantienen a flote a miles de familias.
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"El ambulantaje nace precisamente porque no hay empleo. La gente tiene que buscar cómo llevar el sustento a sus hogares y ahora pretenden retirarlos de las calles mediante operativos policiales", expresó.
Bello Ávila sostuvo que, en lugar de perseguir a los comerciantes informales, las autoridades deberían generar condiciones para la creación de empleos y el fortalecimiento de la economía local. Advirtió que limitar las opciones de ingresos para las familias podría provocar un incremento de problemas sociales, al dejar sin alternativas a quienes actualmente sobreviven mediante la venta de alimentos, bebidas y diversos productos en la vía pública.
El activista también criticó lo que calificó como una aplicación desigual de los reglamentos municipales, al asegurar que algunos vendedores son constantemente hostigados mientras otros continúan operando sin restricciones. Como ejemplo, relató el caso de una mujer de edad avanzada que desde hace años vende bebidas y alimentos cerca del Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, quien presuntamente ha sido objeto de presiones por parte de la dirección de Regulación Comercial y Reglamentaria.
Asimismo, consideró que las autoridades estatales y municipales deben priorizar la atención de problemas como la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades económicas antes de impulsar medidas contra el comercio informal. Finalmente, hizo un llamado a los legisladores para analizar el impacto social que tendría una regulación más estricta del ambulantaje, al considerar que muchas familias dependen actualmente de esta actividad para cubrir sus necesidades básicas.
