El Senado de la República aprobó en lo general la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una nueva legislación que busca ampliar el uso de medios electrónicos en las operaciones comerciales y los servicios públicos de México.
Durante la sesión de este martes 20 de octubre de 2026, el dictamen obtuvo 73 votos a favor y 34 en contra, de acuerdo con el reporte de la votación.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno federal para incrementar las operaciones digitales, reducir la dependencia del dinero en efectivo y facilitar el acceso a servicios financieros.
¿Qué establece la nueva Ley de Economía Digital?
La legislación contempla que comercios, prestadores de servicios y autoridades de los tres órdenes de gobierno habiliten mecanismos para recibir pagos electrónicos y digitales.
Entre sus disposiciones se encuentra la obligación de contar con infraestructura que permita aceptar estos medios de pago e informar a los usuarios cuáles están disponibles.
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También establece que las instituciones financieras podrán utilizar la CURP Digital u otros mecanismos oficiales de identificación en la contratación electrónica de servicios.
La propuesta contempla excepciones para permitir pagos en efectivo o cheque cuando existan fallas que imposibiliten las transacciones digitales.
¿Qué sigue tras la aprobación en el Senado?
Aunque el dictamen recibió el respaldo de la mayoría de los senadores, la discusión legislativa continúa con el análisis de las reservas presentadas a distintos artículos.
Durante el debate, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre los costos que la implementación de estos sistemas podría representar para pequeños negocios y personas sin acceso a servicios bancarios.
Por su parte, el Gobierno federal ha señalado que la legislación busca aprovechar plataformas como SPEI y CoDi para ampliar las opciones de pago electrónico.
La aprobación en lo general no significa que la ley ya esté vigente. Todavía debe concluir su trámite legislativo y publicarse oficialmente para que sus disposiciones entren en vigor.
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