Con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, que es mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional para aplazar la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028. Además, que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.
“El documento que deriva del análisis de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de diversas propuestas de diputadas, diputados, senadoras y senadores de Morena, PAN y MC, reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución Política”.
“Determina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno y en dos secciones. Establece que el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas a más tardar el treinta de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda”, detalló la Cámara en un boletín.
Esto fortalecerá y hará más eficiente la operación de los Comités de Evaluación. Cada Poder integrará uno de estos comités que estará conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, los cuáles elegirán entre sus integrantes a la persona que coordine los trabajos.
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Los coordinadores de los tres Comités crearán una Comisión Coordinadora, la que será responsable de verificar que se cumplan los requisitos constitucionales y legales de los participantes, así como establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.
“Busca que las autoridades electorales no puedan modificar los resultados de la elección ni la asignación de cargos después de esa fecha. La asignación de los cargos electos se realizará entre las candidaturas que obtengan mayor número de votos, observando la integración paritaria del órgano correspondiente”.
“El Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá cada circuito judicial en los distritos judiciales necesarios para que, en ese ámbito territorial la ciudadanía pueda elegir una candidatura por cada especialidad que corresponda a su circuito judicial de entre las propuestas que formule cada Poder y, en su caso, de las personas juzgadoras en funciones en el cargo a elegir”, se explica en el documento.
