La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la vinculación a proceso de Raúl “N”, señalado por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, ocurrido en septiembre de 2017 en el estado de Michoacán.
De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado se desempeñaba como servidor público federal al momento de los hechos, y habría participado en la desaparición de una víctima cuya identidad no fue detallada en el comunicado oficial.
La detención del señalado se concretó en el municipio de La Piedad, Michoacán, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión derivada de los trabajos de investigación realizados por las autoridades federales.
Ministerio Público Federal aportó pruebas para vinculación a proceso
El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó ante el juez de control los datos de prueba considerados suficientes para obtener la vinculación a proceso del imputado.
Como parte de la resolución judicial, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Raúl “N” permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal en su contra.
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Asimismo, la autoridad judicial determinó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR deberá fortalecer las líneas de investigación y aportar mayores elementos probatorios sobre la presunta participación del acusado en los hechos.
Investigación continuará en etapa complementaria
La FGR reiteró que el caso se mantiene en proceso de integración y que las investigaciones continuarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades.
El organismo federal subrayó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, particularmente en casos relacionados con desaparición forzada.
Finalmente, la institución recordó que toda persona señalada en una investigación penal debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el marco legal mexicano.
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