Quintana Roo se colocó entre los 13 estados con mayor percepción de corrupción en el país y ocupa el noveno lugar nacional en la tasa de ciudadanos que sufrieron de forma directa un soborno al realizar trámites gubernamentales. Este panorama impacta de forma directa a este destino, por concentrar la mayor actividad económica y población en la entidad.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en el estado el 85.6% de la población mayor de 18 años considera frecuentes estas prácticas, una cifra que supera la media nacional de 84.1%.
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Además, la entidad registró una tasa de 29 mil 463 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos, lo que representa uno de los indicadores más altos de todo el país.
El informe técnico detalla que estos actos ilícitos ocurren con mayor frecuencia durante el contacto con policías, la realización de trámites vehiculares, la solicitud de permisos, el pago de servicios municipales y la atención gubernamental presencial.
En Cancún, el panorama de la ENCIG refleja las problemáticas que diariamente denuncian ciudadanos y empresarios en rubros como movilidad, comercio, licencias y desarrollo urbano.
La tramitología en el municipio está marcada por la burocracia, los cobros indebidos y los retrasos administrativos, factores que alimentan la baja confianza institucional. En Quintana Roo, apenas el 41.8% de la población confía en el Gobierno estatal, mientras que el desempeño de las administraciones municipales alcanza solo un 44.3% de aprobación.
Este informe indica que la confianza ciudadana se desploma aún más al evaluar a las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Los ministerios públicos y la Fiscalía General del Estado apenas registran un 33.4% de credibilidad, mientras que las Policías Estatal y Municipal caen al 27.7%.
Esta crisis institucional se da en un contexto donde la entidad ocupa el octavo lugar nacional en percepción de inseguridad, con el 71.8% de la población sintiéndose desprotegida, siendo los partidos políticos los peor evaluados con un 75.6% de desconfianza.
Dicho informe también exhibe un severo rezago en digitalización gubernamental, un contraste crítico para el peso económico y turístico de Cancún. A pesar de ser el principal destino internacional del país, el 54.8% de los usuarios se ve obligado a realizar sus trámites de forma presencial, mientras que sólo el 24.6% logra utilizar plataformas digitales.
Esta falta de modernización tecnológica genera la saturación constante de las oficinas municipales y estatales, complicando la atención en periodos de alta demanda.
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El Inegi reportó que la percepción sobre la efectividad gubernamental en Quintana Roo permanece estancada, ya que menos de la mitad de la población considera que las autoridades tienen la capacidad de resolver los problemas públicos.
Entre las principales preocupaciones y reclamos de la ciudadanía destacan la inseguridad, la proliferación de baches, el deficiente alumbrado público y las fallas en el transporte.
Este estudio evidencia una contradicción creciente en el estado. Por un lado, la entidad mantiene un desarrollo económico y un crecimiento turístico histórico; por el otro, la comunidad lidia de forma cotidiana con una severa percepción de corrupción, desconfianza en sus instituciones y un marcado rezago en los servicios públicos básicos.
