El paso de Mara Lezama Espinosa por el poder ha estado acompañado de una acumulación de señalamientos que no se despejan con comunicados ni desmentidos. De la Alcaldía de Benito Juárez a la Gubernatura de Quintana Roo, los cuestionamientos giran en torno a los viajes en jets privados, una residencia de lujo cuya adquisición ha sido señalada por su opacidad, contratos millonarios con empresas investigadas por huachicol y, en otro frente, la expansión de un grupo criminal en el sur del estado.
La Gobernadora niega las acusaciones, pero los registros, denuncias y operativos mantienen abiertos los cuestionamientos.
Los señalamientos más recientes, difundidos por medios nacionales, volvieron a poner bajo escrutinio su estilo de vida y posibles conflictos de interés, mientras Lezama Espinosa rechaza el uso de recursos públicos en sus viajes y niega cualquier vínculo con organizaciones criminales.
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Los 97 vuelos privados
Según registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lezama Espinosa acumula 119 movimientos de entrada y salida de ese país desde que era Alcaldesa; 97 de ellos se realizaron en jets privados, con Orlando, Florida, y Vail, Colorado, entre los destinos recurrentes.
Solo de septiembre del 2022 a la fecha se contabilizan 53 entradas y salidas hacia Orlando. El costo estimado por hora de vuelo en aeronaves Learjet, Gulfstream o Hawker ronda los 6 mil dólares, por lo que un viaje a Orlando equivaldría a unos 406 mil pesos y uno a Vail, a cerca de 812 mil pesos, mientras su salario neto como Gobernadora es de 102 mil 598 pesos mensuales.
Al menos 43 de esos traslados al extranjero se realizaron en dos aeronaves Gulfstream, con matrículas XA-PKR y XA-GLF, operadas por PABE-TAX, empresa vinculada con Grupo Seguritech, corporativo que también mantiene contratos para proveer sistemas de seguridad al Gobierno de Quintana Roo. El costo estimado de esos 43 vuelos se acerca a los 20 millones de pesos.
Lezama Espinosa reconoció que realizó viajes familiares y privados, pero sostuvo que jamás fueron solventados con dinero público. Ante ello, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación investigar el origen de los recursos y determinar si existen irregularidades en el manejo de la cuenta pública.
Hasta ahora, las explicaciones de la Gobernadora se han limitado principalmente a mensajes difundidos en redes sociales.
La “Casa Blanca” de Puerto Cancún
En el 2020, cuando aún era Alcaldesa, se documentó que Lezama Espinosa y su familia ocupaban la residencia conocida como la “Casa Blanca”, ubicada en la calle Puerto Escondido número 178, en Puerto Cancún.
La operación fue presentada como una permuta valuada en 171 millones 395 mil pesos entre Tarjetel del Sureste y Buró Inmobiliario América. En el intercambio entraron departamentos de lujo, transferencias por casi 29 millones de pesos y la fusión de un predio con terreno de reserva ecológica de Fonatur.
Ante ello se presentaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito ante la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta oficial fue que se trataba de un préstamo otorgado por un empresario amigo, sin que quedara esclarecido públicamente el mecanismo mediante el cual se concretó la adquisición. La residencia permanece en Puerto Cancún y el avance de las investigaciones no ha sido esclarecido públicamente.
Empresas ligadas al huachicol
A estos cuestionamientos se suma una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, según la cual el Gobierno de Quintana Roo y municipios del estado entregaron entre el 2023 y el 2024 más de 150 millones de pesos a cinco empresas vinculadas, mediante socios, apoderados o domicilios, con Tabasco Capital.
Esa compañía fue identificada por la Fiscalía General de la República como parte de un esquema utilizado para facturar combustible de origen ilícito dentro de una red atribuida al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.
Los contratos incluyeron servicios de alumbrado, señalética, parques y obras urbanas. Los recursos fueron ejercidos, pero los cuestionamientos sobre las empresas beneficiadas y los vínculos señalados permanecen.
Señalamientos de nexos con el crimen organizado
Mientras los cuestionamientos por los viajes y el patrimonio de la Gobernadora se mantienen, informes de inteligencia y operativos oficiales documentaron la presencia de una organización vinculada con la familia de Rafael Caro Quintero, en Quintana Roo.
Durante el Gobierno de Lezama Espinosa, las autoridades han señalado actividad de esta organización principalmente en el sur del estado, con presencia en Bacalar, Othón P. Blanco -incluidas Limones y otras comunidades-, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, además de una expansión hacia municipios del norte como Tulum y Playa del Carmen.
En el 2023, autoridades estatales confirmaron que un rancho asegurado en Chetumal, donde fueron localizadas armas y dos leones africanos, estaba relacionado con esta organización. Informes posteriores también documentaron pistas clandestinas, desplazamiento de ejidatarios y los llamados “narco-ranchos” en zonas selváticas.
Durante el 2025 y el 2026 se realizaron operativos federales y estatales contra presuntas células de esta organización en Limones y otras comunidades, acciones que derivaron en manifestaciones en la zona sur. A ello se suman denuncias por privaciones ilegales de la libertad atribuidas a integrantes de grupos criminales.
Otros reportes señalan una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Caborca por el control de actividades delictivas en Quintana Roo, entre ellas narcomenudeo, narcovuelos y operaciones de lavado de dinero.
La Gobernadora ha negado cualquier vínculo con organizaciones criminales y rechazó versiones que la relacionan con listas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), al calificarlas de falsas y atribuirlas al contexto político.
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Seguritech, grupo señalado como vinculado con algunas de las aeronaves utilizadas en esos viajes, también ha recibido contratos millonarios. En Quintana Roo, durante el gobierno de Lezama Espinosa, se reportan erogaciones superiores a 5 mil millones de pesos en seguridad y videovigilancia.
La Gobernadora sostiene que su patrimonio puede explicarse por su trayectoria en la iniciativa privada y que su administración actúa con transparencia; sin embargo, los 97 vuelos privados, la residencia valuada en más de 170 millones de pesos en la operación original, los 150 millones de pesos en contratos cuestionados y los señalamientos sobre la expansión de grupos criminales mantienen abiertos distintos frentes de cuestionamiento.
Mientras tanto, en Cancún el costo de la vida aumenta, los servicios básicos continúan entre los reclamos cotidianos y la inseguridad permanece como una de las principales preocupaciones de la población.
