Un predio donde se realizaban trabajos de construcción fue asegurado como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible remoción de vegetación de manglar sin las autorizaciones ambientales correspondientes. La medida se ejecutó después de un cateo autorizado por un juez, mientras las autoridades buscan esclarecer las condiciones en que se desarrollaba la obra y determinar si existen conductas constitutivas de delitos ambientales.
La investigación tuvo como punto de partida una denuncia presentada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que advirtió posibles afectaciones a la vegetación de este ecosistema costero. A partir de ese señalamiento, el Ministerio Público federal solicitó y obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble e inspeccionarlo. La diligencia permitió intervenir el terreno señalado y colocarlo bajo aseguramiento, en tanto se integra la información necesaria para esclarecer los hechos.
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En el operativo participaron agentes ministeriales y peritos federales, acompañados por personal ambiental, integrantes de las fuerzas armadas y elementos de la Guardia Nacional. Tras concluir la intervención, el inmueble quedó asegurado durante la investigación. Hasta el momento no se han informado detenciones vinculadas con este caso, ni se ha precisado qué superficie habría resultado afectada por los trabajos. Tampoco se han divulgado detalles que permitan conocer el alcance total de la presunta remoción de manglar.
Uno de los puntos pendientes es establecer si las actividades de construcción ocasionaron daños a la biodiversidad y si se efectuaron con los permisos requeridos.
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Aunque la denuncia plantea una posible afectación ambiental, corresponde a la autoridad federal determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades con base en los resultados de la investigación. El aseguramiento del predio forma parte de ese proceso y no constituye, por sí mismo, una conclusión sobre la responsabilidad de quienes están relacionados con el proyecto.
La información tampoco identifica a los propietarios del terreno ni ofrece detalles sobre las autorizaciones de la obra. El caso permanece bajo investigación federal, sin una determinación pública sobre la magnitud del posible daño. Será necesario conocer los resultados de las diligencias para establecer si hubo afectación al manglar y definir las responsabilidades que pudieran derivarse.
