La falta de claridad en la recaudación y aplicación del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) llevó a la organización Ciudadanos por la Transparencia a solicitar informes formales a los Gobiernos locales, ante un manejo poco transparente de estos recursos que, solo en Playa del Carmen, habrían superado los 480 millones de pesos.
La presidenta de la asociación, Liliana Bravo Mena, confirmó que la petición se realizó debido a la opacidad detectada en los fideicomisos municipales encargados de administrar este cobro obligatorio a turistas que se hospedan en los principales destinos del estado.
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Explicó que el objetivo de este derecho es financiar acciones específicas como la preservación ambiental, limpieza de playas, gestión adecuada de residuos y mejora de la infraestructura urbana; sin embargo, existen indicios de que los fondos fueron canalizados a otros conceptos.
Se solicitó información detallada sobre el monto total recaudado, los proyectos financiados y el destino final del dinero, ya que no existen reportes públicos completos que permitan verificar el cumplimiento del propósito.
La revisión planteada busca precisar cómo se administraron los recursos y si su uso fue acorde con la normatividad vigente.
En el caso específico de Playa del Carmen, Bravo Mena señaló que la preocupación se incrementa debido a que durante el verano pasado el municipio enfrentó un recale atípico de sargazo que afectó de manera severa el litoral.
Los trabajos de contención resultaron insuficientes y se evidenciaron limitaciones en la aplicación de recursos, pese a que el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental contempla, entre sus principales fines, la limpieza y conservación de las playas.
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La organización estima que la recaudación en este municipio rebasó los 480 millones de pesos; no obstante, no existe certeza plena sobre el monto exacto ni sobre cuánto fue destinado específicamente al combate del sargazo.
Si bien se tiene conocimiento de la participación de los tres niveles de Gobierno en las acciones implementadas, no se cuenta con información detallada que permita evaluar el impacto del recurso proveniente de este derecho.
Ante este escenario, Ciudadanos por la Transparencia reiteró la necesidad de que los municipios informen de manera puntual y documentada sobre el manejo de estos fondos, con el fin de garantizar transparencia, rendición de cuentas y el uso adecuado de un recurso cobrado con un fin ambiental claramente establecido.
