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Yucatán

Finanzas de Yucatán no logra su meta de pago puntual a proveedores; alcanza apenas 92.99%

En su informe, la dependencia, a cargo de Juan Sánchez, revela que 7 de cada 100 abonos no se realizaron a tiempo.

La dependencia encabezada por Juan Gabriel Sánchez Álvarez dispone de los registros para identificar las operaciones fuera de plazo, pero su informe no revela los montos involucrados ni las causas
La dependencia encabezada por Juan Gabriel Sánchez Álvarez dispone de los registros para identificar las operaciones fuera de plazo, pero su informe no revela los montos involucrados ni las causas / POR ESTO!

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Yucatán no logró cumplir su propia meta de puntualidad en los pagos a proveedores en nueve meses del año. Durante el tercer trimestre del 2026, la dependencia encabezada por Juan Gabriel Sánchez Álvarez reportó que apenas el 92.99% de las operaciones evaluadas se realizó dentro del plazo establecido, frente al objetivo institucional de 98%.

El incumplimiento no proviene de una denuncia empresarial ni de un señalamiento opositor. Está documentado en el informe oficial de indicadores de desempeño del Gobierno estatal, correspondiente al periodo de julio a septiembre, en el que Finanzas reconoce un resultado inferior al estándar que fijó para administrar sus obligaciones.

La diferencia es de 5.01 puntos porcentuales respecto de la meta. En términos operativos, significa que 7.01 de cada 100 pagos considerados en la medición quedaron fuera del plazo establecido.

El resultado coloca bajo cuestionamiento la eficiencia del sistema de pagos de la dependencia responsable de administrar los recursos públicos. También deja una incógnita: el informe no detalla cuántos proveedores recibieron su dinero fuera de tiempo, cuánto representaron esas operaciones ni cuáles fueron las causas.

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El incumplimiento está en sus cuentas

El dato aparece en el indicador 24,724, denominado Porcentaje de pagos realizado oportunamente, del programa presupuestario Gestión de la Hacienda Pública.

Su fórmula compara los pagos efectuados dentro del plazo con el total de pagos realizados a proveedores.

La medición registra una meta anual de 98%. Sin embargo, los resultados de seguimiento publicados durante 2026 muestran niveles inferiores en nueve meses: 94.69%, 97.16% y 92.99%.

El último dato representa una caída de 4.17 puntos porcentuales frente al registro inmediato anterior. No se trata todavía del cierre anual, pero sí de un deterioro en el resultado reportado para el tercer trimestre.

La información procede del Departamento de Verificación y Control de Pagos, adscrito a la Dirección General de Egresos de la propia SAF.

Es decir, la dependencia dispone de los registros administrativos con los que se calculó el indicador. Lo que no aparece en el reporte público es el desglose de operaciones que permitiría conocer la dimensión económica del incumplimiento.

Tampoco se explica si los pagos fuera de plazo se concentraron en determinadas dependencias, contratos o proveedores, ni si obedecieron a problemas de validación, programación o disponibilidad de recursos.

Presumen estabilidad financiera

La falta de puntualidad contrasta con el mensaje de estabilidad financiera difundido por el Ejecutivo estatal.

El 8 de noviembre, el Gobierno de Joaquín Díaz Mena anunció un balance presupuestario positivo de 2 mil 780.9 millones de pesos al cierre de septiembre y destacó una reducción de la deuda pública de largo plazo respecto de diciembre del 2025.

Ese resultado no demuestra que existan recursos libres para cualquier pago ni que la Tesorería tenga liquidez suficiente en todo momento. Los saldos presupuestarios y la disponibilidad inmediata de dinero son conceptos diferentes.

Sin embargo, tampoco eliminan la obligación de explicar por qué Finanzas quedó por debajo de su meta de puntualidad.

Si los retrasos fueron administrativos, corresponde identificar en qué parte del procedimiento se produjeron. Si estuvieron relacionados con la programación financiera, la Secretaría debe precisar qué medidas adoptó para corregirlos.

El informe público no establece ninguna de esas causas.

Restringen compromisos, pero fallan en puntualidad

El resultado se conoce después de que el Gobierno puso en marcha, en septiembre, un mecanismo extraordinario de contención del gasto denominado Ambiente Controlado.

La medida restringió determinados movimientos de personal y nuevos compromisos presupuestarios relacionados con la nómina, con el argumento de evitar obligaciones sin respaldo financiero.

Aunque se trata de un rubro diferente al pago de proveedores, ambos asuntos dependen de los controles presupuestarios de la administración estatal.

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La SAF también tuvo que corregir en julio cuatro cantidades atribuidas a instituciones bancarias en un informe oficial de deuda. Aquella aclaración no modificó el saldo total, pero dejó documentadas equivocaciones en la distribución de las obligaciones financieras.

Los errores contables, las restricciones de gasto y el incumplimiento del indicador de pagos no prueban una misma causa. Sí plantean interrogantes concretas sobre los procedimientos de control y revisión que aplica la Secretaría.

La responsabilidad de Sánchez Álvarez no se limita a informar que las finanzas están estables. También debe explicar por qué la dependencia no alcanzó sus propios estándares de operación y qué acciones permitirán corregir las deficiencias registradas.

Las cifras que faltan

El informe reconoce el resultado de 92.99 %, pero no permite identificar el monto económico de las operaciones que quedaron fuera de plazo.

Para establecerlo, se necesita conocer el número total de pagos evaluados, las fechas comprometidas, los días de retraso y los importes correspondientes.

También debe distinguirse entre pagos efectuados tardíamente y obligaciones que todavía permanecen pendientes, porque el indicador mide puntualidad de operaciones realizadas, no el saldo total de adeudos.

Hasta ahora, el hecho acreditado es que Finanzas quedó por debajo de su propia meta de cumplimiento.

La Secretaría tiene los registros para explicar a cuántas operaciones afectó, cuánto dinero estuvo involucrado y por qué no consiguió pagar oportunamente. Solo le falta transparencia y orden.