La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delma Rabelo Cuevas, impugnó un acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), mediante el cual se declaró incompetente para dictar medidas de apremio contra Juan Pedro Alcudia Vázquez, exconsejero jurídico del Gobierno del Estado y actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señalado por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
La legisladora acusó al organismo electoral de incumplir una sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó atender el caso con la mayor brevedad, así como de mantener una actuación omisa que, a su consideración, termina favoreciendo a su presunto agresor.
“No puedo quedarme callada, no voy a quitar el dedo del renglón ante esta violencia política en razón de género”, sostuvo Rabelo Cuevas, quien recordó que lleva más de un año denunciando los hechos ocurridos durante una comparecencia, cuando Alcudia Vázquez se desempeñaba como Consejero Jurídico del Estado.
Su abogado, José Marrero, explicó que la impugnación se dirige contra el acuerdo JG/A184/2026, debido a que la Junta General Ejecutiva habría incurrido en dilaciones y se negó a imponer medidas de apremio, pese a reconocer el incumplimiento de las medidas de protección otorgadas a la diputada.
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Detalló que el 21 de octubre de 2026 la legisladora solicitó al IEEC aplicar dichas medidas contra Alcudia Vázquez y ampliar las medidas de protección. No obstante, el acuerdo impugnado asentó que el escrito fue recibido el 22 de octubre, aunque el sello de Oficialía Electoral acredita que ingresó un día antes.
De acuerdo con Marrero, el artículo 72 del Reglamento de Quejas del IEEC establece que, en asuntos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, deben dictarse las medidas pertinentes incluso fuera de un Proceso Electoral. Por ello, sostuvo que la solicitud debió resolverse a más tardar el 25 de octubre, pero el acuerdo se emitió hasta el día 28 y fue notificado el 4 de noviembre, lo que representó 13 días de demora.
El abogado cuestionó que el instituto se declare sin facultades para hacer cumplir las medidas y advirtió que existen disposiciones legales que obligan a las autoridades a garantizar la protección de las mujeres. Por ello, anunció que llevarán el recurso ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEC) y, de ser necesario, acudirán nuevamente a la Sala Xalapa y a la Sala Superior.
Rabelo Cuevas advirtió que la actuación de las autoridades electorales genera incertidumbre sobre la protección que tendrán las mujeres que participan en política, particularmente ante el proceso electoral de 2027. Sostuvo que no deben enfrentar temor ni obstáculos institucionales para ejercer sus derechos políticos.
