El presunto desvío de 76 mil 500 pesos provenientes de las cuotas escolares de la Escuela Secundaria General (ESG) número 7 'Pedro Baranda Quijano' dio un nuevo giro, luego de que integrantes de la Mesa Directiva de Padres de Familia denunciaran la presunta participación de personas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la operación que derivó en la desaparición del recurso destinado al mejoramiento del plantel.
La vocal de la Mesa Directiva, Alondra Castillo Tamayo, aseguró que el dinero recaudado entre los padres de familia fue transferido a la cuenta de un supuesto soldador encargado de reparar 300 sillas escolares. No obstante, el trabajo nunca se realizó y tanto el recurso como el mobiliario desaparecieron. La madre de familia sostuvo que existe una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam) y afirmó contar con evidencia que forma parte de la investigación.
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Relató que el problema inició en octubre de 2025, cuando la tesorera y la contralora le informaron que un familiar del dirigente estatal priista Ricardo Medina Farfán pretendía apoyar al plantel con la instalación de cableado eléctrico, aires acondicionados y otras mejoras. Castillo Tamayo añadió que luego apareció un supuesto secretario de Medina Farfán, identificado como Joel Manrique, quien habría fungido como intermediario en las gestiones relacionadas con la reparación de las sillas.
La denunciante explicó que inicialmente se manejó un costo de 180 pesos por cada silla reparada, pero una vez asignado el trabajo al supuesto soldador, el monto aumentó a 250 pesos por unidad, hasta alcanzar los 76 mil 500 pesos. Afirmó que la autorización del trabajo contó con el conocimiento del director y del subdirector del plantel.
Castillo Tamayo narró que el 2 de diciembre se realizó la transferencia bancaria al supuesto prestador del servicio. Sin embargo, posteriormente recibió llamadas del supuesto secretario de Medina Farfán, quien —según dijo— les planteó que la escuela debía entregar una factura a nombre de terceros, devolver el dinero transferido y luego recibir una parte del recurso. “Si se supone que era una donación, ¿por qué teníamos que regresar el dinero?”, cuestionó.
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Añadió que, al intentar localizar al soldador para exigir la entrega de las sillas o la devolución del recurso, encontraron irregularidades en los domicilios proporcionados y en la identidad de la persona que recibió el pago. Incluso, aseguró que los datos bancarios asociados a la transferencia no coinciden con la identidad que fue presentada como responsable del trabajo.
La integrante de la Mesa Directiva sostuvo que desde febrero informó la situación a la dirección de la escuela y que se le pidió mantener el asunto de manera interna para evitar mayores conflictos, aunque decidió hacerlo público debido a que los padres de familia desconocían el destino de los recursos aportados al inicio del ciclo escolar.
De acuerdo con la denunciante, hasta el momento únicamente se han recuperado 20 mil pesos, cantidad que habría sido cubierta por la tesorera de la asociación. Mientras tanto, los restantes 56 mil 500 pesos continúan sin ser localizados y las sillas que supuestamente serían rehabilitadas tampoco han sido devueltas al plantel.
Castillo Tamayo exigió que se esclarezca el destino de los recursos y se deslinden responsabilidades entre los involucrados, al considerar que se trata de dinero aportado por cientos de familias para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos de la ESG número 7.
