Como represalia al paro laboral que realizaron la semana pasada para exigir un pago justo por concepto de Reparto de Utilidades, ayer miércoles fueron despedidos ocho obreros de la maquiladora Textil Moyel S.A. de C.V. y directivos de esa factoría dieron instrucciones a los vigilantes de no dejarlos entrar a laborar este jueves.
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En las afueras de un conocido restaurante ubicado en la avenida Manuel Crescencio García Rejón, donde fueron citados para dialogar y comer por la licenciada Roxana Güemes Escalera, quien es la apoderada legal de esa empresa, les expidieron sus respectivos finiquitos y les pidieron firmar, a lo cual se negaron porque señalaron que también les están dando poco dinero por concepto de vacaciones, prima vacacional, reparto de utilidades y parte proporcional de aguinaldo.
José Alfredo Cohuó May, Yajaira Cocom Huchín, Hugo Ricardo Moo, Emilio Uicab Huchín y Jonathan Chí Hernández dijeron que no firmaron ningún documento, ya que consideraron que es muy poco el dinero que se les está dando e indicaron que se asesorarán con abogados de la CTM y demandarán a esa maquiladora.
Expusieron que el movimiento del paro laboral fue incitado por Eduardo Mata, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria Textil en General de la República Mexicana, pero posteriormente los abandonó y ahora que fueron despedidos los primeros ocho de 30 trabajadores que también serían dados de baja, no tienen el respaldo de ese gremio sindical, al que acusaron de favorecer a la maquiladora y no a la base laboral.
Relataron que los primeros siete obreros ya fueron vetados de esa empresa y ya no tienen derecho a ingresar con intenciones de laborar.
Mencionaron que el miércoles, alrededor de las 15:30 horas, en la última hora de la jornada laboral, fueron notificados por personal del área de Recursos Humanos y por la propia apoderada legal, Roxana Güemes Escalera, quien les advirtió que ya estaban vetados de la maquiladora y no tenían derecho de regresar a la factoría.
Emilio, originario de Ich-Ek y con siete años de antigüedad en esa fábrica, expresó que inicialmente fueron 11 los obreros despedidos, pero al final tres de ellos lograron dialogar y fueron reinstalados. Sin embargo, los otros ocho obreros, entre ellos él, ya fueron despedidos y este jueves no los dejaron entrar por instrucciones de los directivos. Indicó que serán otros 30 obreros más los que serán dados de baja, principalmente quienes tienen más años de antigüedad.
Señaló que poco a poco serán despedidos por personal de Recursos Humanos, sin que el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria Textil en General de la República Mexicana, al que supuestamente pertenecen, abogue por ellos.
“A quienes nos sacaron nos tacharon de cabecillas cuando realmente nosotros solo peleamos por nuestros derechos laborales, porque es injusta la Participación de los Trabajadores en las Utilidades PTU que nos darán, pues a la gran mayoría de los que somos más antiguos y no faltamos ni un día al trabajo solo nos toca 1,200 pesos como máximo, que es una miseria cuando la empresa sí está generando ganancias”, expuso.
Además, dijo que los obreros que faltaron a su trabajo durante el 2025 recibirán menos de esos 1,200 pesos, de acuerdo con las inasistencias acumuladas durante todo el año.
El obrero despedido señaló que el mismo miércoles fueron intimidados para firmar un convenio con la empresa, pero ninguno de los ocho trabajadores aceptó y se resistieron a las presiones verbales de los directivos de la factoría.
Mencionó que en el 2025 recibió como Reparto de Utilidades 5,500 pesos, correspondiente a las ganancias del 2024, y este año esperaba entre 6,000 y 7,000 pesos, derivados de las ganancias del 2025, pues aseguró que diariamente producían 38 mil docenas de playeras y las metas se cumplían, por lo que la empresa sí obtuvo ganancias el año pasado.
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Sin embargo, este jueves la apoderada legal los invitó nuevamente a comer a un restaurante y les pidió firmar su renuncia voluntaria y sus respectivos finiquitos, a lo cual se negaron otra vez.
Los ahora exobreros dijeron que no firmaron los documentos de finiquito porque consideraron injusto el monto ofrecido e indicaron que buscarán asesoría con la CTM para demandar a la empresa por despido injustificado.
Los reporteros abordaron a la apoderada legal Roxana Güemes Escalera mientras salía del restaurante y subía a su camioneta, pero se limitó a decir que esos obreros no están despedidos y que no daría comentarios ni entrevistas sobre el tema.
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JGH
