La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) mantiene abiertas al menos seis carpetas de investigación contra autoridades municipales por posibles vínculos con la delincuencia organizada, confirmó el fiscal estatal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Las indagatorias se encuentran todavía en proceso de integración y abarcan distintas regiones de Oaxaca. Por respeto al debido proceso y para no afectar las pesquisas, la Fiscalía no ha revelado públicamente los nombres de las autoridades ni los municipios involucrados.
Rodríguez Alamilla explicó que antes de solicitar órdenes de aprehensión deben reunirse elementos técnicos, científicos y objetivos suficientes para presentar el caso ante un juez.
Caso Juchitán antecede nuevas investigaciones
El anuncio se produce después de la detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, señalado por la Fiscalía por su probable vínculo con la célula delictiva conocida como Los Cromos.
La autoridad estatal sostiene que el grupo funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Oaxaca.
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Las autoridades también investigan posibles redes de protección institucional y participación de servidores públicos en actividades atribuidas a esa organización.
De acuerdo con Rodríguez Alamilla, en los últimos cuatro años se contabilizaron 957 homicidios dolosos en la región del Istmo de Tehuantepec y la Fiscalía estima que alrededor de 70 por ciento podrían estar relacionados con Los Cromos. Esa cifra corresponde a la valoración presentada por el fiscal dentro de las investigaciones estatales.
Fiscalía mantiene abiertas líneas contra autoridades municipales
Rodríguez Alamilla señaló que las seis carpetas adicionales no están concentradas únicamente en el Istmo, sino que existen investigaciones en diferentes zonas de la entidad.
La Fiscalía indicó que no solicitará órdenes judiciales hasta contar con evidencia suficiente y que corresponde a un juez determinar si los elementos presentados permiten avanzar contra alguna de las personas investigadas.
Tras el caso de Juchitán, el Congreso estatal aprobó la desaparición del ayuntamiento y el gobierno de Oaxaca designó una autoridad provisional. Paralelamente, fuerzas estatales y federales reforzaron la seguridad en la zona mientras continúan las investigaciones sobre posibles vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
IO
