La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Alberto Torres Torres no afectan el funcionamiento de su administración estatal.
La declaración ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Torres dentro de un paquete de sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según el gobierno estadounidense, actúan como líderes o facilitadores de la facción de Los Mayos, vinculada al Cártel de Sinaloa.
La OFAC sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades y brindar protección a integrantes del grupo criminal en Baja California. Estas afirmaciones corresponden a la acusación administrativa del Departamento del Tesoro y no constituyen, por sí mismas, una sentencia penal.
¿Qué dijo Marina del Pilar sobre Carlos Torres?
Al ser cuestionada por medios, Marina del Pilar aseguró que su gobierno ya fijó una postura sobre el caso y que serán las autoridades competentes las encargadas de proporcionar información adicional.
“Este gobierno no va a ser vocero de esas circunstancias. Serán las autoridades las que puedan dar más información al respecto”, expresó.
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La mandataria también sostuvo que ha enfrentado durante cinco años lo que calificó como “infamias, calumnias, mentiras y difamaciones” y afirmó que concentrará los próximos 11 meses en concluir su administración.
Gobernadora asegura que continuará combate a grupos criminales
Ávila Olmeda rechazó que la designación de su exesposo comprometa las acciones de seguridad del gobierno estatal.
“Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia, y vamos a seguir haciendo siempre”, señaló.
El Departamento del Tesoro identificó a Carlos Torres como una de las personas relacionadas con una presunta estructura de “narcocorrupción” asociada con Los Rusos, grupo que las autoridades estadounidenses ubican dentro de la facción de Los Mayos. También fue sancionado su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
Después de las sanciones de OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó además la incorporación preventiva de las personas y empresas designadas a su Lista de Personas Bloqueadas. La propia UIF aclaró que esa medida administrativa no acredita responsabilidad penal.
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