Autoridades federales aseguraron aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos en una bodega ubicada en Huixquilucan, Estado de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con el funcionario, el inmueble era utilizado para la fabricación y distribución de cigarros falsificados. Durante el operativo también fueron detenidas tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense.
La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
¿Qué aseguraron en la bodega de Huixquilucan?
Además de las cerca de 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a aproximadamente 2 millones de unidades, las autoridades aseguraron cuatro máquinas utilizadas para la elaboración y empaquetado de los productos.
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También fueron localizadas 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos, de acuerdo con la información difundida por García Harfuch.
La bodega quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los materiales, la red de distribución y posibles vínculos con otras operaciones de comercio ilícito.
Harfuch advierte riesgos por cigarros apócrifos
El secretario de Seguridad señaló que la producción y comercialización de este tipo de mercancía no sólo genera afectaciones a la economía formal, sino que también puede representar riesgos para la salud de los consumidores.
El operativo se suma a otros aseguramientos recientes de tabaco ilegal. El 21 de septiembre, autoridades localizaron 2.4 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras que días después se decomisaron 13 toneladas de tabaco ilegal en distintos cateos en la capital del país.
Las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias sobre la operación de la fábrica clandestina.
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