El Gobierno de Estados Unidos formalizó la designación de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro de su régimen de sanciones contra personas y entidades que Washington relaciona con el Cártel de Sinaloa.
La medida fue anunciada inicialmente el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, como parte de una operación que incluyó a 21 personas y 25 empresas o entidades.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Torres habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, además de bienes o servicios, en beneficio del Cártel de Sinaloa. La designación se realizó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.
¿Qué acusa Estados Unidos a Carlos Torres?
El Departamento del Tesoro señala a Torres como un operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien identifica como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos, dentro del Cártel de Sinaloa.
Según la versión de Washington, Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones del grupo criminal y reducir la intervención de autoridades y corporaciones de seguridad en Baja California.
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El Tesoro también sostiene que habría recibido pagos mensuales relacionados con las actividades de la organización. Estos señalamientos corresponden a la justificación presentada por el Gobierno de Estados Unidos para imponer las sanciones y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial contra Torres.
¿Qué efectos tiene la sanción de OFAC?
La incorporación de una persona a las listas administradas por OFAC implica el bloqueo de sus bienes e intereses en propiedades que estén bajo jurisdicción estadounidense o bajo posesión o control de personas estadounidenses.
Además, las disposiciones de las sanciones restringen las transacciones de ciudadanos y empresas estadounidenses con las personas designadas.
La acción contra Torres forma parte de una operación más amplia de Washington para afectar las estructuras financieras, políticas y de corrupción que, según el Departamento del Tesoro, permiten al Cártel de Sinaloa mantener operaciones en Baja California.
Luis Torres y empresas también fueron incluidos
El paquete estadounidense alcanzó también a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. El Departamento del Tesoro lo señaló bajo los mismos programas de sanciones y relacionó con él a cinco empresas: Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
Washington sostiene que esas compañías fueron designadas por estar presuntamente bajo propiedad o control de Luis Torres, o por haber actuado en su nombre.
La dependencia estadounidense también incluyó en su acción a otros individuos que, según su investigación, formarían parte de la red de corrupción y apoyo al Cártel de Sinaloa en Baja California.
Marina del Pilar se ha deslindado de los señalamientos
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no fue incluida en esta designación de OFAC. Los señalamientos estadounidenses se dirigen específicamente contra Carlos Alberto Torres Torres y otras personas y empresas incluidas en el paquete de sanciones.
Por su parte, Torres ha rechazado los señalamientos formulados en su contra y ha indicado que buscará aclarar la información ante las autoridades estadounidenses correspondientes.
La publicación de la sanción en el registro oficial de Estados Unidos representa la formalización administrativa de una medida anunciada previamente por el Departamento del Tesoro, dentro de su estrategia para golpear las redes financieras y de corrupción que Washington atribuye al Cártel de Sinaloa.
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