La polémica en torno al asesinato de Joel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, se intensificó luego de que su hermano, Saúl Bravo, confirmara públicamente que el edil había solicitado medidas de protección al gobierno estatal semanas antes de ser privado de la vida.
Durante una entrevista radiofónica, Saúl Bravo aseguró que la petición fue planteada directamente en una Mesa de Seguridad celebrada en mayo pasado, luego de que el alcalde enfrentara amenazas derivadas de un presunto secuestro y posteriores actos de extorsión.
Según su versión, aunque la solicitud no quedó asentada formalmente por escrito, funcionarios estatales habrían ofrecido brindar apoyo en materia de seguridad. Por ello, cuestionó las declaraciones iniciales del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien había negado que existiera una petición de protección por parte del alcalde.
Familia exige aclarar contradicciones sobre la protección solicitada
Saúl Bravo pidió a las autoridades estatales abordar el caso con responsabilidad y transparencia, al considerar que existen elementos suficientes para demostrar que su hermano alertó sobre los riesgos que enfrentaba.
El familiar sostuvo que Joel Bravo era una persona dedicada a su labor pública y que no mantenía conflictos personales que pudieran explicar el ataque. Además, expresó preocupación por el clima de inseguridad que prevalece en la región y que, afirmó, mantiene en alerta a la población.
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La controversia surgió luego de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, revelara información proporcionada por familiares del alcalde, quienes aseguraron que éste había pedido apoyo de seguridad al gobierno estatal sin obtener respuesta efectiva.
Confirman secuestro y presuntas extorsiones
De acuerdo con el testimonio de Saúl Bravo, el presidente municipal fue víctima de un secuestro el pasado 6 de mayo. Aunque posteriormente recuperó su libertad, continuó recibiendo amenazas y exigencias económicas por parte de sus agresores.
El familiar detalló que, tras estos hechos, Joel Bravo acudió a una Mesa de Seguridad el 15 de mayo para solicitar respaldo institucional ante el riesgo que enfrentaba.
Asimismo, afirmó que tanto autoridades de Oaxaca como de Puebla tenían conocimiento de la situación, incluyendo las denuncias relacionadas con las presuntas extorsiones posteriores al secuestro.
Piden esclarecer el asesinato
La familia del alcalde exigió una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que rodearon el crimen y establecer si existieron omisiones por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad del funcionario.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de protección para autoridades municipales que enfrentan amenazas del crimen organizado, particularmente en regiones donde persisten problemas de violencia e inseguridad.
Mientras continúan las investigaciones, familiares y actores políticos han demandado que se esclarezcan los hechos y se determine si las alertas emitidas por el alcalde fueron atendidas de manera adecuada por las instancias responsables.
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