Transportistas turísticos aseguraron que persisten la sobrerregulación y los cobros excesivos que les impone Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), concesionaria del aeródromo de este destino, por recoger o trasladar pasajeros dentro de alguna de las terminales en funcionamiento. Señalaron que deben pagar hasta 300 mil pesos anuales para contar con una posición en las instalaciones, además de cumplir una serie de requisitos que incluyen información confidencial.
Uno de los operadores, Mateo Suárez, mencionó que desde el 2024 solicitan al Gobierno federal que regule esta situación, debido a que Asur pretende erigirse como autoridad al exigir documentación que, incluso, consideran que vulnera su derecho a la privacidad.
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Indicó que desde hace algunos años los prestadores han expresado su inconformidad, también por los requisitos que establece la concesionaria para obtener una tarjeta de identificación aeroportuaria (TIA), necesaria para laborar en áreas públicas de la terminal aérea. Así lo ratificaron otros operadores, como Ismael García, Carlos Brito y Hugo Esperanza.
Entre los documentos requeridos se encuentran recibos de nómina con información personal de los trabajadores o el alta en seguridad social, medidas que, a decir de los inconformes, atentan contra su privacidad y la Ley de Protección de Datos Personales, además de considerar que Asur no es una autoridad facultada para solicitarlos.
Aseguró que en ningún otro aeropuerto de México existe una regulación similar para los transportistas por parte de una empresa concesionaria.
El prestador de servicios reveló que ya presentaron una queja ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC); sin embargo, dicha dependencia concluyó que Asur tiene derecho a solicitar esa documentación. Por ello, pidieron una segunda reunión para exponer que esta medida vulnera su derecho a la privacidad.
Añadió que también deben cubrir cuotas por brindar servicio en la terminal, pese a que únicamente utilizan las vialidades internas para estacionarse y esperar a sus clientes.
“Cuando se ingresa a la sección de andenes, además tenemos que pagar por estacionamiento, que en un día puede superar los mil pesos”, expresó.
Señaló que, entre los requisitos establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se encuentra aprobar revisiones periódicas de las emisiones contaminantes de las unidades. En caso de incumplir, los vehículos pueden ser enviados a un corralón con apoyo de la Guardia Nacional y de dos compañías de grúas que operan para Asur: Graas Tripe AAA y Abimerhi. Estas empresas cobran al menos 6 mil 800 pesos por arrastre, además de la multa correspondiente y el traslado de los automotores hasta los depósitos ubicados en la salida a Mérida.
En su momento, José Bizarro Galván, presidente del Movimiento de Transportistas Organizados Unidos de la Riviera, había manifestado su inconformidad y señalado que envió escritos a las autoridades federales. Sin embargo, la problemática persiste.
