Para algunos sectores resulta más redituable ocupar un cargo de elección popular que emprender un negocio sujeto a extorsiones, además de que no se requiere amplia experiencia para llegar al poder, como señalan que ocurre con la diputada por el Distrito X de Quintana Roo, María José Osorio Rosas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Pese a acumular trayectoria en el Congreso sin un trabajo destacado, y a que en las colonias del municipio de Playa del Carmen no la ubican, la legisladora ha iniciado acciones para posicionar su imagen en busca de la presidencia municipal.
A decir de actores políticos locales, “Majo” Osorio cobró relevancia en la escena pública impulsada por su cuñado Mauricio Góngora Escalante, expresidente municipal, quien estuvo preso durante varios años por delitos de peculado y desempeño irregular de la función pública.
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En las colonias no la reconocen a pesar de su permanencia en el recinto legislativo; líderes sociales coinciden en que no ha recorrido los sectores vulnerables para conocer las verdaderas problemáticas de la población y que aprovecha eventos para promocionarse.
Osorio Rosas asumió como diputada por primera vez en el 2022 en la XVII Legislatura por la vía plurinominal postulada por el PVEM, es decir, llegó a la silla sin la preferencia electoral; sin embargo, esta diputada ya sueña con contender por la presidencia municipal de Playa del Carmen.
Milita en el Partido Verde desde el 2016, donde se desempeñó previamente como delegada regional en la zona centro del estado. Fue reelecta en el 2024 para la XVIII Legislatura, representando al Distrito X con sede en Playa del Carmen; sin embargo, representantes comunitarios afirman que su labor legislativa deja un vacío, pues no ha tenido ningún acercamiento con la ciudadanía.
Asimismo, activistas señalan que, como legisladora del Partido Verde, no ha fijado una postura firme frente a las denuncias de daños ambientales en la región. En contraste, un diputado local en el Congreso de Quintana Roo percibe una dieta base mensual estimada entre 60 mil y 75 mil pesos, a la que se suman partidas para atención ciudadana, casas de gestoría y apoyos legislativos.
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En un intento por verse transparente y políticamente correcta, Osorio Rojas presentó en mayo pasado, una iniciativa para prohibir que funcionarios y actores políticos utilicen apoyos sociales con fines de promoción personal, lo que encendió el debate, pues para muchos ciudadanos y analistas la propuesta es prácticamente “darse un balazo en el pie”, tomando en cuenta que durante años muchos han construido su imagen precisamente entregando despensas, medicamentos, sillas de ruedas, tinacos y apoyos económicos frente a cámaras y redes sociales.
Ella, por ejemplo, ha contratado a un equipo de diseñadores y editores de videos por lo que, en las últimas semanas, la parlamentaria ha intensificado su presencia en redes sociales con la publicación de videos y fotografías para posicionar su imagen rumbo a la alcaldía, mientras ciudadanos manifiestan rechazo hacia figuras políticas sin resultados acreditados en la gestión social.