Desde ayer entraron en vigor en todo el país los nuevos lineamientos federales para atender la violencia en preparatorias públicas, una medida que impactará de forma directa a por lo menos 234 planteles de nivel medio superior en Yucatán, donde autoridades educativas deberán crear protocolos obligatorios, Comités de Paz y mecanismos inmediatos de atención a casos de acoso, agresiones físicas y violencia sexual.
La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante el Acuerdo 03/04/26 y forma parte de la estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Educación Pública y la de las Mujeres para combatir la violencia escolar desde una perspectiva de convivencia pacífica y derechos humanos.
El nuevo esquema obligará a las escuelas federales y subsistemas educativos a responder en un plazo máximo de 24 horas cuando exista una denuncia formal de violencia contra estudiantes.
La medida cobra relevancia en Yucatán, donde funcionan 442 preparatorias públicas y privadas que atienden a más de 98 mil alumnos, según datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). De ellas, 342 son públicas y al menos 234 reciben financiamiento federal, por lo que deberán aplicar de manera obligatoria los nuevos lineamientos.
Entre los planteles involucrados se encuentran el Cobay, Conalep, Cecytey, Dgeti, CBTA, Telebachilleratos Comunitarios y preparatorias estatales distribuidas en prácticamente todo el territorio yucateco.
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Comités de Paz en cada plantel
Uno de los cambios centrales será la creación obligatoria de un Comité de Paz en cada escuela, integrado por directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y padres de familia.
Estos promoverán campañas de convivencia, prevención del acoso y resolución pacífica de conflictos dentro de los planteles.
Además, cada preparatoria deberá nombrar a un Enlace de Cultura de Paz y Atención de Violencia, quien se integrará a una Red Nacional coordinada por la SEP.
Las autoridades federales dieron un plazo de 45 días naturales para que las escuelas designen a estos enlaces y hasta 120 hábiles para que cada subsistema educativo elabore sus propios protocolos de actuación.
Casos que deberán atenderse de inmediato
Los lineamientos establecen que cualquier integrante de la comunidad escolar —alumnos, docentes, administrativos o padres de familia— podrá presentar denuncias por escrito ante la dirección del plantel cuando tenga conocimiento de algún caso de violencia.
Sin embargo, en situaciones consideradas graves, como violencia sexual, agresiones físicas severas o riesgos inminentes para estudiantes, la atención deberá ser inmediata y sin esperar plazos administrativos.
El documento también aclara que los mecanismos de mediación escolar no podrán aplicarse en casos de abuso sexual, delitos o agresiones cometidas por adultos dentro del entorno educativo, por lo que estos hechos deberán canalizarse directamente ante la Fiscalía, corporaciones de seguridad o instancias de protección de derechos.
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La educación como herramienta preventiva
Dentro de las nuevas disposiciones, la SEP también ordenó la creación de un Programa Nacional de Formación en Educación Integral en Sexualidad dirigido al personal de bachillerato.
La autoridad educativa sostiene que este modelo contribuye a disminuir la violencia de género, el acoso sexual y las relaciones violentas entre adolescentes, además de fortalecer herramientas para reconocer abusos y ejercer el consentimiento informado.
El tema podría generar debate en sectores conservadores, debido a que los contenidos incluyen identidad y orientación sexual dentro de la formación integral.
Las nuevas medidas llegan en un contexto en el que Yucatán enfrenta indicadores mixtos en educación media superior.
Aunque el estado mantiene una deserción escolar inferior al promedio nacional, con 10.3%, presenta un índice de reprobación de 17.4%, muy por encima del 11.8% nacional. La eficiencia terminal también se ubica ligeramente por debajo de la media del país.
Especialistas advierten que los ambientes de violencia, acoso y hostigamiento escolar suelen impactar directamente en el abandono de estudios, particularmente entre adolescentes de comunidades vulnerables y zonas rurales.
